La mercantil que pugna por una finca en a golpe de excavadora en Alicante advierte a la magistrada de «acciones penales y civiles» contra ella

Gestipaulista S.L., la mercantil que desde hace meses se está disputando con la familia Boluda la posesión de una finca en el Cabo de la Huerta de Alicante, ha presentado un escrito ante uno de los juzgados que tiene que pronunciarse sobre este asunto en el que advierte de «acciones judiciales penales/civiles o de la índole que sean pertinentes» contra la magistrada titular del mismo, contra los demandantes (los Boluda, quienes aseguran ser los propietarios y poseedores del terreno desde hace más de medio siglo) y «contra cualquier otro que haya contribuido/contribuya al quebranto» económico que la firma asegura estar sufriendo al tener prohibido cautelarmente, y hasta que se resuelva la pugna, el acceso al terreno. 

 La mercantil advierte además de la posibilidad de interponer una queja ante el CGPJ por, afirma, «la lentitud y fallos en la tramitación del procedimiento por este juzgado que habría alargado y extendido el alcance del perjuicio económico». 

El escrito que recoge estas advertencias con tinte de amenazas veladas se ha presentado después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) archivara, al no ver delito, la querella que Gestipaulista le presentó a la magistrada por prevaricación, y tras el rechazo por parte de la Audiencia de Alicante de la recusación que planteó para que la jueza fuera apartada de este asunto. 

La mercantil se considera «la legítima propietaria y poseedora» de esos 4.000 metros cuadrados que asegura «haberlos adquirido de su anterior titular según aparecía debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad» obteniendo gracias a ello «las licencias pertinentes del Ayuntamiento de Alicante para urbanizar el terreno», según asegura su representante legal, Concepción Ferrández.

«Inadmisible»

Al abogado de los demandantes, el letrado Alejandro Bas, no le parece «ni material ni procesalmente admisible que un escrito de mero impulso procesal (la mercantil reclama en el mismo que se resuelva con la máxima celeridad tanto su petición de que se levanten las medidas cautelares como la oposición a la demanda de los Boluda) se utilice para introducir en la causa el anuncio de futuras acciones penales o civiles o de quejas ante el CGPJ contra la magistrada, o de querellas contra la parte demandante», según hace constar en un el escrito que, en respuesta al de Gestipaulista, ha presentado también el juzgado.

  En él manifiesta su rechazo a que la mercantil introduzca «hechos inciertos», como hablar de la «desidia de la parte actora» cuando, explica el letrado, «fueron precisamente nuestros representados, al advertir que su finca había sido inscrita ilegalmente en el folio correspondiente a otra finca registral, quienes promovieron el oportuno expediente ante el Registro de la Propiedad para intentar la subsanación y, en todo caso, la constancia registral y pública de tal ilegalidad (la doble inmatriculación)». Es decir, que una misma finca conste a nombre de dos propietarios, lo que ahora tiene se tiene que resolver en el juzgado.

Precisa el abogado que, frente a la afirmación de que dicho expediente fue archivado, como afirma la mercantil, lo cierto es que «se dio por concluido y se resolvió extender e inscribir la oportuna nota marginal en el historial registral de las dos fincas afectadas», como así consta en Registro.

 «Así pues, ni rastro de desidia en la parte actora (los Boluda), que ni destruye muros para entrar en fincas ajenas, ni utiliza representaciones gráficas de otros, ni las referencias catastrales que no son suyas», concluye.

Desde Gestipaulista reiteran que «continuaremos con la interposición de querellas por injurias o calumnias e instaremos la investigación policial de amenazas muy graves que la responsable de la empresa está recibiendo por personas que estarían relacionadas con el conflicto», precisa Ferrández

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