Todavía no nos hemos acostumbrado a cambiar de cadena y no encontrar Xplora, laSexta3, La Siete o La Nueve, cuando ya se rumorea que otros ocho canales de la TDT podrían correr la misma suerte.

Según recogen varios medios, Infraestructuras y Gestión 2002, la empresa que promovió ante el Tribunal Supremo la demanda que ha conllevado el cierre de nueve canales de TDT, habría pedido el cierre de otros ocho canales más. Una medida, que de confirmarse, reduciría drásticamente la oferta televisiva española.

El portal Vertele apunta a que si finalmente se produce una nueva sentencia negativa canales como Neox, Nova, FDF, Divinity, Energy, Boing o Discovery Channel podrían dejar de emitir. DE esta manera, la TDT se quedaría únicamente con siete canales en abierto.

Recordamos que el origen del problema está en la forma en la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo el reparto de licencias de la TDT.

El Gobierno adjudicó estas señales de manera irregular, sin haber tenido en cuenta la Ley Audiovisual aprobada en mayo de 2010 en la que se establece que hay que celebrar un concurso para ceder estas licencias. Es decir, el Ejecutivo socialista hizo el reparto basándose en la ley anterior y no en la aprobada por su Gobierno en el año 2010.

Críticas del PSOE

El portavoz socialista en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE, Juan Luis Gordo, ha pedido al Gobierno que explique por qué no ha actuado para mantener la oferta audiovisual, tras el cierre de nueve canales de TDT al que obliga una sentencia del Tribunal Supremo, y ha cuestionado si el futuro modelo primará la televisión de pago.

"¿Piensa el Gobierno garantizar en el futuro la oferta televisiva gratuita y en abierto en el espectro radioeléctrico terrestre? O, por el contrario, ¿el modelo televisivo del Ejecutivo de Rajoy pasa por disponer de menos canales en abierto y más de pago?", ha preguntado Gordo en una batería de preguntas para la comisión de control de RTVE.

A su juicio, el Ejecutivo ha tenido 18 meses para articular soluciones y no ha hecho nada. Por ello, se pregunta si, con su política de comunicación audiovisual, "está primando los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones en detrimento de que los ciudadanos accedan a una mayor oferta".