Los propietarios de negocios de hostelería afectados por la reforma de la Explanada han remitido un comunicado a los medios en el que denuncian opacidad y falta de información del Ayuntamiento de Alicante en la gestión de las obras entre la calle Bilbao y la calle Canalejas. En el texto, suscrito por los dueños de doce locales del tramo, lamentan la ausencia de información oficial con la que han afrontado el cierre de sus negocios por las obras y la "irregularidad" con que se ha incluido un carril bici "no contemplado en los documentos sometidos a exposición pública" del proyecto.

Los trabajos, que pretenden dar continuidad a la rehabilitación del tramo de paseo comprendido entre la Plaza del Mar y la Rambla, tienen una duración prevista de seis meses.

"Siempre hemos recibido toda la información sobre esta obra mediante el boca a boca, a través de representantes de asociaciones a las que no todos pertenecemos ni tenemos obligación de pertenecer, durante los últimos meses", aseguran los firmantes, quienes aseguran afrontar "una situación económica muy complicada" en la que "debemos hacer frente al pago de salarios, seguros sociales, alquileres, suministros y proveedores con unos ingresos que han experimentado caídas de hasta el 80% este año". El comunicado recoge que la falta de notificación e información oficial ha impedido "planificar la actividad y evitar la mayor cantidad posible de pérdidas, que son el sustento directo de 50 familias y un recurso importante para las 70 empresas proveedoras que trabajan con nosotros".

Los locales denuncian que el Ayuntamiento "sólo está agravando aún más los problemas de una pandemia y una obra que afrontamos sin indemnizaciones de ningún tipo y con todos los gastos fijos".

Además de información "por un canal oficial y con acuse de recibo", los hosteleros exigen la retirada del carril bici que han descubierto, según explican, "incluido en el proyecto de forma opaca tras la exposición pública" de los documentos de reforma del Paseo de la Explanada. Por ello, estudian tomar medidas legales contra la adición "irregular" de este equipamiento, según explica el texto remitido a los medios.