La titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante da por bueno el retraso en la aplicación de las medidas contra el ruido en el entorno de la calle Castaños debido a la pandemia de covid, que ha obligado a limitar la actividad hostelera en el último año, incluso con el cierre total del sector durante estas últimas semanas.
Así se refleja en un auto notificado este miércoles a las partes, en el que se acepta la versión del Ayuntamiento frente a las presiones de los vecinos para que se implante la ZAS (Zona Acústicamente Saturada) en la zona del Centro Tradicional de Alicante. «Las actuaciones en cumplimiento de la sentencia se han iniciado, si bien han tenido que verse interrumpidas dada la situación actual de la pandemia y las medidas restrictivas adoptadas», señala la respuesta judicial al recurso de súplica presentado por el abogado de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional.
Respecto a las limitaciones, la jueza se refiere al cierre de la hostelería que ha «impedido que pueda llevarse a cabo las operaciones de medición de niveles de ruido ambiental, imprescindibles para continuar con el expediente de declaración del ZAS». De esta forma, la titular del juzgado añade que «no se advierte la existencia de un incumplimiento o desobediencia por parte de la Administración, sino de una imposibilidad sobrevenida de continuar con la ejecución de la sentencia dictada, motivo por el cual no se entiende procedente la imposición de multas coercitivas».
Precedente
El pasado noviembre se notificó una nueva resolución en contra del Ayuntamiento por el conflicto del ruido en el entorno de Castaños. La titular del juzgado exigía entonces al bipartito de Alicante, liderado por Luis Barcala, que ejecutase la «sentencia del ruido», que se falló justo un año antes y que condenó a declarar zona acústicamente saturada el Centro Tradicional de Alicante.
En ese auto, la jueza argumentó que la presentación de un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) no suponía, en la práctica, un freno a la aplicación de las medidas contra el ruido. Eso supuso que la jueza desestimaba «todos los motivos de oposición esgrimidos por las partes en la vista de ejecución provisional de la sentencia». Esa fue la respuesta judicial al escrito de los vecinos del Centro Tradicional por el que se instaba a la ejecución de la sentencia que condenó al Ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales. Días después, el bipartito rechazó acelerar las medidas por la pandemia. El concejal de Medio Ambiente y de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, justificó que sería de «trileros» tomar los datos para aplicar la ZAS en plena pandemia. El juzgado le ha dado la razón.
