La sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el impuesto de las plusvalías supone un golpe de más de 70 millones de euros para la financiación de los principales ayuntamientos de la provincia, que cuenta con municipios turísticos que tienen en el cobro del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos una importante fuente de ingresos. El Ministerio de Hacienda ha avanzado que revisará el impuesto de plusvalía para que los ayuntamientos sigan ingresándolo pero la realidad es que el fallo judicial considera ilegal la forma en que se calcula el tributo que se paga a los municipios por el beneficio en la venta de una vivienda.
El Ayuntamiento de Alicante había previsto ingresar este año 15,3 millones por este impuesto, un 5% del presupuesto municipal. La plusvalía es el tercer tributo que más dinero permite recaudar al municipio, por detrás del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que aporta a las arcas 85 millones ; y del Impuesto de Vehículos con 15,9 millones. El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), considera que «la sentencia pone en peligro los presupuestos de todos los municipios de España que cuentan, necesariamente, con los ingresos derivados de la plusvalía. Este procedimiento, y su resolución por parte del Constitucional, era sabido por el Gobierno de Sánchez, que lleva más de dos años prometiendo la reforma legal correspondiente».
El regidor afirmó que el Grupo Popular avisó el año pasado desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de lo que podría pasar, «y la ministra de Hacienda se comprometió a introducir las modificaciones legales para evitar este desastre para las arcas municipales». Barcala abundó en que para Alicante supone parar en seco la tramitación de los Presupuestos de 2022 y tener que recalcular los gastos, en base a esta reducción de ingresos. «Al final, son nuestros conciudadanos los que pagan los platos rotos del Gobierno, que sigue al mismo tiempo amenazando con subir impuestos (...) Aún estamos a tiempo si el ejecutivo de Sánchez vuela y arregla la regla de cálculo que declara el Constitucional como ilegal. La pelota está en el tejado del Gobierno central», reiteró. Precisamente, el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, dijo ayer que, de confirmarse la primera interpretación sobre la sentencia relativa a la plusvalía, sería necesario «plantear una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación».
Incertidumbre
Torrevieja, con 20 millones de euros, es una de las localidades de la provincia que más dinero ingresa por el cobro de la plusvalía. Su concejal de Hacienda, Domingo Paredes (PP) señala que la decisión judicial genera una gran incertidumbre en los ayuntamientos y deja en el aire la elaboración de los presupuestos de 2022, para el caso de Torrevieja un 20% de los ingresos totales. Paredes considera que «la resolución judicial es ambigua, cuestiona cómo se aplica y calcula el impuesto pero no su existencia, y da margen para que se apruebe una normativa que lo regule». El edil cree que, desde que en 2018 una sentencia cuestionó la plusvalía, se debería haber avanzado en la aprobación de la normativa estatal para evitar las consecuencias de este fallo del Constitucional.
El Ayuntamiento de Elche habla de «varapalo» para la financiación municipal, sobre todo, para el presente ejercicio que ya tiene presupuestado desde hace un año los ingresos en concepto de impuesto sobre el valor del incremento de terrenos urbanos en 4.230.500 euros. «Estamos trabajando en el departamento tributario con las plusvalías y los recursos y ahora esa sentencia paraliza el cobro del impuesto y obliga a paralizar los que no son firmes. Eso significa que hay un desajuste presupuestario al no poder cumplir con esas previsiones. Esta medida no tiene efectos retroactivos porque si fuera así los ayuntamientos tendríamos un grave problema en nuestras haciendas», asegura la concejal responsable, Patricia Macià (PSOE).
De cara al próximo presupuesto que la concejala estaba ya cerrando, se queda con 4.275.000 euros menos que tenían previsto en el capítulo de plusvalías y les obligará a ajustar y empezar de nuevo a recortar los gastos. «Espero que la FEMP ponga en conocimiento de las administraciones superiores este problema que nos ha venido a los ayuntamientos y haya algún mecanismo de compensación porque son ingresos que dejamos de percibir, por tanto, menos gastos e inversión para seguir mejorando la vida de la gente», sostiene la edil ilicitana. La titular de Hacienda apela a esperar a ver cómo evoluciona esta situación «y si de forma rápida se da un mecanismo compensatorio por esta repentina bajada de ingresos».
En el caso de Benidorm, el equipo de gobierno cifra en cinco millones de euros los ingresos previstos por el impuesto de plusvalías, un importe menor que en años anteriores por la complicada situación a causa del covid-19. La edil de Hacienda, Aida García (PP), coincidió en que la sentencia condicionará la elaboración del próximo presupuesto, si finalmente los municipios no pueden contar con estos ingresos, como apunta en su fallo el Constitucional.
En Orihuela la previsión de ingresos por el impuesto de la plusvalía para 2021 es de 3,95 millones. La decisión deja en el aire la elaboración del Presupuesto de 2022.
El Ayuntamiento de Elda perderá 628.000 euros de lo que recauda por el incremento del valor de los terrenos en función de las cifras de este año, mientras que en el caso de Novelda dejarán de ingresar 450.000 euros y tendrán que revisar el próximo presupuesto municipal.
El vicesecretario de Política Local del PP en la provincia, Alejandro Morant, dijo que la sentencia deja a los ayuntamientos sin uno de los pocos ingresos directos que les permite prestar los servicios que los ciudadanos demandan.
