La crisis económica que ha provocado la pandemia del covid ha vuelto a tener su mayor incidencia en la clase trabajadora más vulnerable como lo demuestra que, en los seis primeros meses del año, 1.505 personas han sido desahuciadas de sus viviendas, en propiedad o alquiler, o locales comerciales. Cifra que supone unas 500 actuaciones más que en el mismo periodo de 2019, que se cerró con un total de 2.073 desahucios, según los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria a Compromís. Entre y 2020 y junio de este año, 3.600 personas han perdido su casa o local comercial. Si la evolución no cambia, este 2021 se cerrará con una cifra cercana o superior a las 3.000 actuaciones, una cifra similar a la de 2019, sin pandemia y, en teoría, sin las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el daño que la recesión económica ha provocado en los más vulnerables. La sangría de los lanzamientos no se frena. Entre 2026 y junio de este año en la provincia de Alicante se han practicado 17.675 desahucios, el 43% del total de la Comunidad Valenciana, donde en ese periodo 41.139 personas perdieron viviendas o negocios. Tras varios meses sin ingresos y cerrados no pudieron aguantar.
La Plataforma Antidesahucios asegura que recibe diariamente alrededor de diez llamadas de personas que no pueden hacer frente al alquiler o la hipoteca. 60.000 personas viven de alquiler en la provincia y unas 10.000 tienen problemas para afrontar el pago. El decreto para prohibir ciertos desahucios, no todos por las condiciones, prorrogado por el Gobierno en agosto y que ahora se pretende ampliar a marzo, extendió también el plazo para que los arrendadores y titulares de una vivienda afectados por la suspensión extraordinaria presenten la solicitud de compensación prevista en la disposición adicional, segunda del decreto quedando fijado hasta el próximo 30 de noviembre.
La prórroga afectó a las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, incluidos, también, aquellos propietarios afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda, que no se sustituyan por contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.
En la provincia, el 100% de los hogares habitados por una persona joven pasan por apuros y, de los adultos (30-65 años), un 47,5% están mal. Los hogares unipersonales concentran la mayor proporción de la pobreza de la Comunidad. De las viviendas con niños, el 40,1% de los monoparentales y el 38,7% de los liderados por dos adultos, tienen problemas, según un informe de la UA. Esta tasa tan elevada, que supone un 11,5% del total de hogares, implica que la pobreza infantil es uno de los principales problemas también de la crisis el covid. En cuanto a los hogares de personas mayores de 65 años, un 17,4% de los unipersonales y un 37% de las parejas mayores pasan apuros.
El Gobierno prevé ampliar las principales medidas del escudo social desde el 31 de octubre hasta marzo de 2022. Además, se ampliará la prohibición de cortarles la luz, el agua y el gas, considerados suministros básicos y esenciales. La prohibición de los desahucios beneficia a personas en paro por el covid, o, en caso de ser empresario o profesional que haya sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40%, así como a las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. La medida de protección está dirigida a los hogares que ingresen al mes hasta 1.613,52 euros (tres veces el IPREM), más 53,78 euros por cada hijo a cargo (80,67 euros si es una familia monoparental) y 53,78 euros por cada mayor de 65 años.
