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La Audiencia deja para la sentencia las peticiones de nulidad del caso del Plan Zonal

El tribunal pospone su decisión para tener «una visión más completa» una vez practicada la prueba - La vista oral se reanudará en enero

Los acusados, en una de las primeras sesiones del juicio del Plan Zonal.

La incógnita sobre la declaración o no de la prescripción y de la nulidad de las actuaciones en la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, la principal causa del «caso Brugal», no se resolverá hasta la sentencia, por lo que el juicio a los 13 acusados por la Fiscalía Anticorrupción se reanudará el próximo 18 de enero y se prolongará hasta el mes de junio. Así lo ha acordado la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, en un auto notificado ayer a las defensas de los acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

El tribunal de la Audiencia desestima de esta forma las cuestiones previas planteadas por las defensas en relación a la «nulidad radical de las actuaciones» desde la primera resolución que invalida el resto, la prescripción alegada por una defensa y la nulidad de los autos de intervenciones telefónicas y de entradas y registros, entre otras alegaciones.

Los magistrados señalan en uno de los tres autos notificados que «dada la complejidad jurídica de las cuestiones planteadas, este tribunal considera lo más conveniente diferir la solución de todas las cuestiones de nulidad planteadas por las defensas al momento de la sentencia». Recuerda asimismo la «restrictiva posición» del Tribunal Supremo en esta material, en el sentido de esperar a presenciar toda la prueba para resolver sobre la nulidad, «pues de esa forma se podría contar con una visión más completa».

Además de desestimar las peticiones de nulidad y prescripción, la Audiencia también rechaza la petición de la defensa del expresidente de la Diputación para que se elimine de la causa el informe que hizo la Policía sobre José Joaquín Ripoll. El magistrado ponente, Francisco Javier Saravia, señala al respecto que es una petición que «incide sobremanera en la valoración que se hace de un informe policial, análisis que como con el resto de los informes que hay en la causa será objeto de la prueba que se practique en el plenario y que posteriormente será analizada y valorada por esta Sala en sentencia, por lo que no procede la eliminación del citado informe en este momento procesal».

Por otro lado, la Sección Séptima da luz verde a las peticiones de pruebas documentales, periciales y testificales para el juicio que fueron solicitadas por el fiscal y varios abogados defensores.

La Fiscalía Anticorrupción solicita en sus conclusiones provisionales penas que suman 122 años de prisión para los 13 acusados por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Además solicita que los procesados paguen una indemnización de 1,1 millones de euros por los gastos soportados por el Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

Las peticiones de condena oscilan entre los tres años y medio de prisión para un mediador designado por otro acusado para negociar su entrada en la televisión Canal 37 y sendas penas de 17 años de cárcel para los empresarios Enrique Ortiz, Rafael Gregory y Ángel Fenoll. Para el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, la Fiscalía le pide 16 años de cárcel y 44 años de inhabilitación.

Rechazo a la modificación del escrito de acusación del fiscal

Además de posponer a la sentencia la resolución de las peticiones de nulidad, la Audiencia ha notificado otro auto a las partes del caso del Plan Zonal en el que acuerda no admitir en este momento procesal la petición de la Fiscalía Anticorrupción de introducir un nuevo apartado en su escrito de acusación. El cambio se refiere al beneficio pretendido por los acusados, de cerca de 20 millones de euros en el caso de Enrique Ortiz, y de más de 9 millones para Ángel Fenoll. El tribunal califica de «loable» la intención del fiscal por el derecho de defensa, pero precisa que la modificación de las conclusiones debe ser cuando le corresponda, que es en la parte final del juicio

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