Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Mónica Lorente culpa a la Prensa de su imputación en la causa del plan Zonal

La exalcaldesa de Orihuela manifestó en un acto público que el macrovertedero que se acababa de adjudicar a Cespa-Ortiz iría a una finca de Ángel Fenoll, pero lo niega ante el tribunal y declara que los periodistas no reprodujeron fielmente sus palabras

Mónica Lorente junto al expolítico del PSPV Antonio Amorós a su llegada a los juzgados el martes. | ANTONIO AMORÓS

A los periodistas, «que no sacaron lo bueno», responsabiliza la exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente de su acusación por las supuestas ilegalidades en la tramitación del plan de residuos de la Vega Baja. Así lo ha declarado la expolítica del PP en la sesión de este miércoles ante el tribunal de la Audiencia de Alicante en Elche que está juzgando un caso en el que comparte banquillo con su excompañero de partido y expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, entre otros. Lorente se enfrenta a una petición de 4 años y nueve meses de prisión y a 24 años y medio de inhabilitación por tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, prevaricación y fraude.

A preguntas solo de su defensa, la abogada María Sansano, la ex primera edil lamentó su implicación en el proceso «por unas declaraciones que hice el 4 de enero de 2008 durante la inauguración de la plaza de Carmen donde los periodistas publicaron las contestaciones, pero no las preguntas, y no sacaron lo bueno» (sic), afirmó.

La manifestaciones tuvieron lugar al día siguiente de que se adjudicara el plan Zonal a la Ute que Ortiz había constituido con Cespa para esta contrata. Con motivo de la inauguración de la plaza del Carmen de Orihuela, y ante cerca de una docena de medios de comunicación, la expolítica popular aprovechó para asegurar que el macro vertedero se instalaría en unos terrenos que, aunque sin dar el nombre, correspondían a la finca La Pistola propiedad de Fenoll, en vez de hacerlo en Lo Cartagena, que era la propuesta presentada por la adjudicataria.

Lorente negó este miércoles ante el tribunal que realizada esas declaraciones, pese a que existe constancia documental en las hemerotecas de que así fue (este diario se hizo eco de las mismas en su edición del 5 de enero de aquel año), y agregó que no le sorprendió el cambio de ubicación de la planta de Lo Cartagena «por el rechazo social» que provocaba al estar más próximo ese suelo al núcleo urbano de la pedanía que el de Fenoll.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Ripoll, con la colaboración de Lorente, maniobró para que Ortiz comprara a Fenoll la finca La Peseta para construir el vertedero que acababan de adjudicarle y compensar así al empresario de Orihuela, muy próximo al PP, por haberse quedado fuera del negocio de la gestión de las basuras. Se había presentado también al concurso pero su propuesta fue rechazada. Lorente, que se negó a responder a otras partes, insistió en que no existe ningún acta en el que conste que ofreciera esa finca.

Un suelo que centró las dos horas largas de declaración de José Candel, un ingeniero de obras públicas empleado de Ortiz desde hace más de tres décadas que recordó la negativa del propietario de Lo Cartagena a venderles la finca, pese a que la habían incorporado a la propuesta con la que concurrieron al concurso. Y admitió que, ante el escenario no deseado de recurrir a la expropiación, buscaron otras opciones de suelo, entre el que estaba el de Fenol pese a que pedía diez veces más de lo que meses antes había pagado por él.

Candel, quien junto con Ortiz ha sido el único acusado que ha respondido a todas las partes, negó que el cambio de ubicación supusiera un retraso y un incremento del precio en torno al 6%, como sostiene el fiscal Pablo Romero. Como su jefe, negó que recibieran presiones para comprarle la finca a Fenoll y precisó que nunca lo hicieron.

El silencio del exdiputado socialista Antonio Amorós y otros 



A nadie quiso responder en la sesión de este miércoles el exdiputado socialista Antonio Amorós, quien por consejo de su abogado, José Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar. A Amorós se le pide la misma pena que a Lorente (4 años y nueve meses de prisión y 24 años y medio de inhabilitación) por idénticos delitos: revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y fraude. También pasaron por la sala los responsables civiles subsidiarios, que también declinaron testificar.

Lo que la exregidora dice que no dijo

Reproducción de la página publicada por el diario INFORMACIÓN el 5 de enero de 2008, a los dos días de hacerse pública la adjudicación a Cespa-Ortiz del plan Zonal de residuos de la Vega Baja y uno después de que la entonces alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, declarara públicamente que el macrovertedero iría a la finca (La Pistola) con la que Ángel Fenoll había concurrido sin éxito al concurso en vez de a la que aparecía en la propuesta de la adjudicataria (Lo Cartagena), ambas ubicadas en la pedanía oriolana de Torremendo. Aunque la exregidora del PP arremetió en la sesión de este miércoles contra la información supuestamente sesgada que sobre este tema que dio un programa de televisión, cuyo DVD obra en la causa, al menos una docena de medios cubrieron aquella convocatoria. Entre ellos, INFORMACIÓN, cuyo titular no deja lugar a dudas sobre lo que declaró la ex primera edil.

Lo que la exregidoradice que no dijo

Compartir el artículo

stats