UGT destaca la retirada de Sanidad de la propuesta de "600 plazas a medida" tras las quejas sindicales
El sindicato afirma que habría impedido que fueran ofertadas en concurso de traslados y CSIF reclama que salgan todas las vacantes
El sindicato UGT ha destacado este jueves que la Conselleria de Sanidad ha dado "marcha atrás" en su intento de "bloquear" más 600 plazas --en su mayoría puestos A1 de personal médico--, que en la actualidad están vacantes, después del "rechazo unánime de los agentes sociales" en la reunión de la Comisión Asesora de Selección y Provisión de Personal ya que suponía el regreso de un sistema de "plazas a medida", según señala el sindicato en un comunicado.
Al respecto, ha apuntado que Sanidad pretendía declarar un total de 639 plazas como "básicas de características específicas", es decir, plazas que "teóricamente están dedicadas a necesidades asistenciales específicas a propuesta de las gerencias de los diferentes departamentos de salud".
Según UGT, esto habría impedido que fueran ofertadas en concurso de traslados al personal fijo y a quienes superen las ofertas de empleo público en marcha. Esta relación de plazas suponía el 38% de las plazas vacantes a día de hoy, ha afirmado.
Estudio en profundidad
UGT concluyó, tras un "estudio en profundidad" de la propuesta, que la relación de puestos propuestos para esta calificación por parte de las gerencias "no respondía a ningún criterio objetivo" y "no existía coherencia ni criterios uniformes que justificaran por qué se habían elegido unas plazas de unos departamentos y no en otros".
Además, ha señalado que en el listado facilitado las plazas "no requerían ningún carácter especial" ya que "las tareas específicas que llevaban aparejadas forma parte de la actividad habitual". Por ejemplo, ha indicado, en plazas para puestos de Cardiología se requería que el profesional tuviera conocimientos en arritmias o para psiquiatría, trastornos bipolares, en ambos casos "patologías que tratan de forma habitual este tipo de profesionales".
Por ello, durante la reunión celebrada este jueves, UGT ha defendido que este sistema "no era ni objetivo ni transparente y que además incluía requisitos como la experiencia previa que impedía el acceso de profesionales que, a pesar de tener la formación adecuada, no hubieran trabajado en esos servicios".
Borrador
La Administración "ha retirado el listado de plazas y se ha comprometido con los sindicatos a elaborar un borrador con criterios objetivos pactados" y, a instancias de UGT, "itinerarios formativos rotatorios entre profesionales para que este personal pueda acceder en igualdad de condiciones, tal como establece la normativa", según señala el sindicato.
UGT exige a la Conselleria de Sanidad que "no frustre las expectativas de traslado de cientos de profesionales que realizan su labor y que desde hace años esperan una oportunidad para acceder a otro puesto que mejore su conciliación".
Por su parte, CSIF, en un comunicado, ha rechazado también esta propuesta porque considera que, en la práctica, "se trata de un bloqueo de plazas dentro de los distintos departamentos" y ha pedido que salgan todas a concurso de traslados, según ha señalado el sindicato en un comunicado.
Sin informe preceptivo
Además, ha señalado que en la propuesta trasladada hoy por la Conselleria de Sanidad, que afecta a cientos de plazas, no existe ese informe preceptivo y favorable para cada una como marca el decreto 192/2017 de 1 de diciembre. Por tanto, "no se ajusta al criterio de determinación del decreto de selección y provisión en su artículo 34".
Del mismo modo, afirma que esta nueva adscripción de plazas como básicas de características especiales se hace "sin que conste en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, sin requisitos objetivos y sin fomentar un itinerario formativo para pueda acceder quien cumpla las condiciones".
Además, advierte de que con ese criterio se mantendría la temporalidad, ya que esas plazas "seguirán siendo ocupadas de manera interina" y en la práctica, esa decisión "frena el concurso de traslados". Por todo ello, insiste en que cualquier planteamiento que se lleve a negociación venga "regulado por los criterios que establecen las normativas y se desarrolle con la máxima transparencia".
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