Los departamentos de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante (UA); de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de València e Historia, Geografía y Arte de la Universitat Jaume I de Castelló han emitido una declaración conjunta para “expresar su rechazo tanto por el actual texto de la Proposición de Ley de Concordia en las Cortes Valencianas, como por la derogación de la Ley valenciana de Memoria Democrática” que promueve el Ejecutivo valenciano de PP y Vox. Una normativa que el Gobierno de Pedro Sánchez va a denunciar ante la ONU y el Consejo de Europa.
En el comunicado, al que se han adherido también el equipo decanal de la Facultad de Filosofía y Letras y la Revista Pasado y Memoria de la Universidad de Alicante; la Junta de la Facultad de Geografía e Historia, el Área de Didáctica de las Ciencias Sociales y el Aula de Historia y Memoria Democrática, de la Universidad de València y la Cátedra de Historia y Memoria Democrática de la Universitat Jaume I de Castelló, los firmantes invitan “a todas las personas”, “a hacer suya y apoyar la presente declaración” y piden “respetuosamente a los grupos parlamentarios presentes en las Cortes Valencianas que no aprueben la Ley y se muestran dispuestas, a tal fin, a reunirse con los partidos políticos que así lo deseen para exponer y dialogar en detalle sobre los motivos recogidos en la presente declaración”.
Carencias científicas
En el manifiesto, los investigadores muestran su “profunda preocupación” por la proposición de Ley presentada por las “graves carencias científicas” que contiene que, a su juicio, evidencian “el desconocimiento de los cimientos básicos de las diferentes cuestiones que aborda”, advirtiendo que “todo esto puede redundar en la implementación de políticas públicas en este ámbito claramente insuficientes e incluso contraproducentes para los objetivos buscados”.
La declaración firmada contiene párrafos demoledores sobre el texto que ha pasado recientemente su primer trámite en las Cortes Valencianas. Los historiadores de las tres universidades consideran, en primer lugar, que "la concepción de la Historia como disciplina de conocimiento utilizada en este texto resulta claramente propia de un nacionalismo rancio y sin ningún tipo de sentido crítico" y añaden que la tarea de la Historia "no tiene que ser honrar y proteger a la historia de España ni la de cualquier otro país o comunidad, sino la de construir un discurso histórico riguroso y de proporcionar un conocimiento sólido y cimentado científicamente sobre el pasado".
En segundo lugar, los firmantes afirman que los autores de la "Proposición pretenden servirse de la suposición que nunca ha habido un relato consensuado sobre la etapa entre 1931 y 1977, ni entre los historiadores […] ni entre los ciudadanos". Reprochan que esta es "una afirmación, por un lado, muy vaga y perfectamente aplicable en cualquier periodo histórico, que muestra por desgracia un claro desconocimiento de como funcionan las disciplinas científicas en general. De la otra, pretende hacer creer que en la historiografía todo es relativo desde el punto de vista del historiador, lo que supone ignorar en que consiste el oficio de historiador/a y como lleva a cabo su trabajo de investigación y de exposición de los resultados logrados con una sólida base empírica".
Asimismo, la declaración conunta dice en cuanto al texto propuesto por PP y Vox que "la valoración histórica, sesgada y tendenciosa, de los proponentes demoniza la democracia española de los años treinta como una época “convulsa”, llena de “paroxismo”, “dinámicas de enfrentamiento” y de “violencia social y política”, hasta llegar al extremo de definirla como “catástrofe” equiparable en una sangrienta guerra civil y una dictadura de cuarenta años. Aun así, es un consenso ampliamente aceptado en la historiografía española y el hispanismo internacional que la República fue la primera forma democrática de gobierno en la España del siglo XX"
