El sector inmobiliario de Altea apela a la anulación de la suspensión de licencias para apartamentos turísticos

Las inmobiliarias de Altea están preocupadas por el impacto "económico negativo" que ya se está detectando en el segmento de alquiler vacacional casi tres meses después de que el pleno municipal del Ayuntamiento de Altea aprobase la suspensión del otorgamiento de autorizaciones de uso para viviendas turísticas durante todo este año.

Según informan desde la Asociación Local de Comerciantes y Empresarios de Altea (ALCEA), donde hay 20 inmobiliarias asociadas,"cerca de 250 inversores que querían comprar inmuebles en el municipio para rehabilitarlos y convertirlos en apartamentos turísticos se han ido este trimestre a los pueblos vecinos de Calpe, L'Alfàs y Polop porque aquí no podrán recuperar sus inversiones este año".

El Ayuntamiento de Altea aprobó en el pleno municipal del 4 de enero suspender el otorgamiento de nuevas autorizaciones de uso para viviendas turísticas hasta 2025 "con el objetivo de analizar en profundidad la situación de la vivienda turística realizando un diagnóstico exhaustivo, además de ordenar y regular este tipo de vivienda estudiando su situación en el municipio para comprender mejor su impacto social, económico y urbanístico en el pueblo", según explicó en el pleno el concejal de Urbanismo, Jose Orozco. Durante la sesión plenaria el concejal informó, asímismo, que en Altea "hay más de 2.200 viviendas que están legalmente implantadas como turísticas, lo cual equivale al 13 por ciento de todo el parque edificado. Una ratio que los expertos consideran mucho más que excesivo, sin contar con el mercado sumergido que está comportando daños colaterales como por ejemplo el encarecimiento del alquiler de larga duración".

Ernesto Alday, presidente de ALCEA, ha señalado que "según datos aportados por nuestros socios del sector inmobiliario, en Altea hay 2.187 licencias otorgadas de las que algo más de 800 están en el casco urbano. El resto están dispersas en el extraradio, sobre todo por las urbanizaciones de la sierra Bèrnia, por lo que no vemos la necesidad de suspender las licencias este año".

Mesa de trabajo para buscar soluciones

Alday y otros tres agentes inmobilarios de Altea han señalado al periódico que "hemos creado en ALCEA una mesa de trabajo de nuestro sector para tener una hoja de ruta y hacer un análisis de la situación. A esta mesa invitamos a los responsables políticos del municipio para intentar dar una solución positiva a la anulación de licencias para nuevas viviendas turísticas durante este año, pues suspenderlas o paralizarlas no es el camino correcto ya que el propietario seguirá alquilando, aunque con otro modelo: el alquiler de corta stancia que ha de ser superior a los 28 días". Según los representantes del sector inmobiliario, "la demanda de alquileres en Altea es constante. Está ahí. Y con la suspensión temporal de licencias de apartamentos turísticos, que nunca serán para vivienda habitual porque el propietario quiere recuperar su inversión a corto plazo, se va a entrar en el peligro de falta de control con apartamentos ilegales porque la gente seguirá alquilando".

A juicio del sector inmobiliario, la compra de una vivienda en Altea para reconvertirla en apartamento turístico "oscila entre los 250.000 y los 300.000 euros. A esto hay que añadir entre 50.000 y 75.000 euros para reformarlo, más otros gastos como muebles, electrodomésticos o impuestos. Alquilar este inmueble como vivienda habítual está en una media de 800 o 900 euros mensuales. Alquilarlo como vivienda de corta estancia estaría entre los 500 y los 1.800 euros semanales. Mientras que alquilarlo como apartamento turístico supone un ningreso que está entre 1.800 y 3.000 euros semanales. Por lo cual, los propietarios prefieren el alquiler vacacional porque con cuatro meses de invierno cubre un año de alquiler habitual".

2024: un año sin licencias para nuevos apartamentos turísticos en Altea

Preservar el uso urbanístico residencial

Cabe recordar que en el pleno del 4 de enero, el concejal de Urbanismo manifestó que el objetivo para regular la vivienda turística "es por la necesidad de preservar el uso urbanístico residencial", además de fijar "unas limitaciones proporcionadas en el número máximo de viviendas de uso turístico, tratando de armonizar el interés de los propietarios para obtener un beneficio económico de sus bienes inmuebles con otros intereses públicos como son el medio ambiente o el derecho al descanso". De igual manera, Jose Orozco indicó que en 2018 había 642 viviendas turísticas registradas en Altea, y que ahora "hay más del triple, unas cfras preocupantes porque además el alquiler vacacional esta desarrollándose en el suelo urbano de primera residencia, reduciéndose con ello la oferta de viviendas disponibles de largo plazo, lo cual hace que aumente el precio del alquiler de una manera incontrolada haciendo mucho más difícil el acceso de los alteanos a una vivienda asequible, empeorando más si cabe la emancipación de nuestros jóvenes". Sobre ello, el concejal aseveró que este aumento de precios de alquiler "provoca también que los trabajadores estacionales no encuentran viviendas a precios asequibles para venir a cubrir las necesidades laborales tanto del campo como de la restauración".

Sin embargo, el presidente de ALCEA y sus compañeros inmobiliarios afirman que la suspensión temporal de licencias vacacionales "no solventa el problema sino que lo empeora. La decisión municipal tomada es una pérdida de tiempo, y nosotros, como profesionales del sector, nos ofrecemos a aconsejar a los políticos para que reviertan su resolución aportándoles soluciones que beneficien al conjunto de la sociedad ayudando a articular las diferentes formas de alquiler".