El precio de dos pruebas de la ITV deberá retornar a su nivel de 2013 en los próximos dos meses, lo que elevará el coste final de este servicio en torno a los 8,5 euros. Así lo afirman fuentes del sector después de que el Tribunal Supremo haya confirmado en una providencia fechada el 20 de enero la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que anulaba la rebaja de las tarifas de la ITV aprobada por el Consell en mayo de 2019, al desestimar el recurso de casación interpuesto por la Administración valenciana ante el Alto Tribunal.
Puesto que no cabe recurso contra la resolución del Supremo, con este auto se pone fin a la batalla judicial que vienen librando las empresas concesionarias de las ITV y la Generalitat desde hace ocho años. La pugna estalló en 2014, cuando el Gobierno autonómico del popular Alberto Fabra rebajó considerablemente las tarifas de las pruebas de emisión de gases contaminantes y de ruido. Las primeras pasaron de costar 9,3 euros la primera prueba y 6,98 las sucesivas a 2,48 y 1,86, respectivamente. Las segundas, por su parte, se rebajaron de 17,9 a 15,15. Esos precios iniciales son los que ahora deberán volver a fijarse, según ordena el Supremo. Ya con el Botànic en la Generalitat, la Justicia dio por primera vez la razón a una de las adjudicatarias que había recurrido esa rebaja tarifaria, en 2017. Lo hizo de forma parcial, anulando únicamente esos descuentos en el precio de las pruebas de contaminación y de sonometría del vehículo.
Esa sentencia fue ratificada por el Supremo al año siguiente. Sin embargo, el 10 de mayo de ese mismo año el Consell aprobó un nuevo descenso de precios, dando por subsanados los errores que provocaron la anulación de la rebaja previa. Las concesionarias volvieron a recurrir, desencadenando un proceso judicial que se ha culminado con este último fallo.
