Dos décadas después de que los vecinos de Los Palmerales vivieran los primeros derribos de tres bloques por su lamentable estado de conservación y los conflictos que allí se vivieron, el barrio ilicitano de viviendas protegidas, que se levantó para personas con escasos recursos en los años ochenta, asiste a un «déjà vu». De nuevo, dos escaleras de 32 casas se están tirando a bajo por ser un foco de insalubridad y de droga. Sin embargo, esto no acaba ahí porque hay otros dos bloques, los contiguos a éstos, que la Generalitat también ha visto imposible salvar de otra demolición, aunque por el momento la tiene paralizada.
Para gente como María Ortega, presidenta de la asociación vecinal que vive en Los Palmerales desde los últimos cuarenta años, el derribo no es la solución para un barrio donde las personas humildes que allí residen tratan de vivir en paz y dignamente. Aún así, están de acuerdo con que estos inmuebles deberían haberse eliminado mucho antes por la peligrosidad que generaban. Y de eso sabe mucho la Policía.
Lo que muchos opinan es que si hubiera habido un mayor control por parte de las administraciones para evitar que esos edificios públicos se convirtieran en un «coladero» ahora mismo contarían con esas 32 viviendas para gente sin recursos que necesita un techo y que está dispuesta a pagar por un contrato social.
Y es que en esas escaleras de ahora se están tirando abajo de la calle Llimoners, además del menudeo, había, según los vecinos, otro problema: gente que ocupaba pisos y después los vendía por 8.000 euros o menos, sin ningún tipo de papel que acreditara la validez de la compra. Lo peor es que todos estos problemas llevan décadas arrastrándose en este punto hasta tal punto que la Policía Local ha considerado estos domicilios como uno de los mayores puntos de venta de droga de la provincia y se ha tenido que enfrentar a disturbios cuando han acudido a este punto del barrio.
También han sufrido este escándalo alumnos del colegio Tamarit, situado justo en frente, un centro donde asisten niños con discapacidad que cada día cuando salían al patio eran testigos de los «trapicheos», sin que el Ayuntamiento ni las consellerias de Bienestar Social ni la de Vivienda pudieran hacer nada por evitarlo. Por mucho que tapiaran los accesos siempre los volvían a abrir.
El derribo de estos edificios destapó que hay otra treintena de viviendas justo al lado que están en el mismo estado de degradación. El conseller de Vivienda, Ruben Martínez Dalmau, dijo cuando vino a Elche en marzo que en 2022 demolería estas dos escaleras. Sin embargo, la conselleria ha asegurado esta semana a este diario que no está prevista la siguiente fase de desalojo de las viviendas, que en este caso están ocupadas en su mayoría por familias que conviven de manera pacífica.
La intención de la administración autonómica es trasladar a otras viviendas vacías del barrio a todas aquellas que tengan en vigor un contrato de alquiler y a las que se comprometan a tenerlo todo en regla.
De momento nadie sabe cuándo se hará efectiva la nueva demolición, que junto a la que están acometiendo ahora, hace que Los Palmerales regrese al pasado. Y no solo eso, evidencia que dos décadas después se sigan teniendo que destruir viviendas sociales porque la mediación social ha servido poco para atajar el mal que sufre el barrio ilicitano.
