La polémica por la ausencia del contrato entre el Ayuntamiento de Elche y la empresa que realizó las exhumaciones en el Cementerio Viejo para hallar a represaliados del franquismo sigue sembrando dudas tras el pleno y el informe del secretario municipal. Vox, partido que llevará a los tribunales la irregularidad, al igual que el PP, ha desvelado este martes lo que podría ser el origen de ese cúmulo de cosas mal hechas en un asunto que se le está atragantando al equipo de gobierno más de lo que se pensaba. Y es que el ejecutivo local designó en marzo el equipo de trabajo que iba a acometer las obras antes de adjudicar el contrato. Esto se traduce, según Vox, en que el Ayuntamiento ya parece que tenía elegida a la empresa que iba a encargarse de los mismos antes de que empezara todo el proceso administrativo que debió salir a licitación y no tramitarse como contrato menor con el que solo se pidió presupuesto a tres empresas.
PSOE y Compromís aprobaron por junta de gobierno en marzo pedir a la Conselleria de Cultura la subvención para financiar las obras. Era el primer paso de la tramitación y entonces en esa moción ya aparecía como "equipo de trabajo" los profesionales que pertenecen a la empresa Drakar, la firma que se encargó de los trabajos cinco meses más tarde (empezaron en agosto). A ello se suma, según el concejal, Juan Antonio Alberdi, que a los tres días de eso, esta empresa presentó su presupuesto al Ayuntamiento para encargarse de las exhumaciones por exactamente la misma cifra que el importe de la ayuda que había pedido el equipo de gobierno: 28.289 euros para los trabajos de 2021.
"Después de la junta de gobierno dicen que el arqueólogo pidió los tres presupuestos y no fue así porque ya sabían a quién le iban a dar los trabajos", sostiene Alberdi. Lo que no cuadra tampoco es que el Ayuntamiento contara con un presupuesto de una segunda empresa con fecha de abril 2020. "Puede ser una equivocación en el año, pero su importe no está desglosabdo. Parece ser presuntamente que deciden pedir presupuesto para no incurrir en un problema, cogen un presupuesto de un año anterior y otro que lo presentan el 10 de mayo", afirma el edil de Vox, quien califica todo esto de "más que sospechoso".
Otro baile de fechas que ha dado argumentos a Vox para pensar en que se ha incurrido en varios presuntos delitos tiene que ver con la fecha en la que se persona el arqueólogo para paralizar las obras el 22 de octubre, cuando había emitido un informe de que finalizaban los trabajos en septiembre, mientras que la resolución de la concejala de Cultura, Marga Antón para detener las obras fue del 21 de octubre.
