La Generalitat ha enviado a Los Palmerales, un barrio de viviendas públicas donde acaban de tirarse abajo dos escaleras y está previsto hacer lo mismo con otras dos más por no reunir las condiciones mínimas de habitabilidad, un equipo de mediadores para mejorar la convivencia y controlar, entre otras cosas, que sus vecinos lleven al día el pago del alquiler.
Ante la pérdida irreversible de estos edificios, al igual que ya ocurriera en 1999, por ser un foco de venta de droga y de ocupaciones ilegales en muchos casos, la administración autonómica ha tenido que recurrir a este servicio para evitar que pueda volver a repetirse la misma historia. Muchos vecinos lo estaban pidiendo porque no creían que los derribos solucionaran los problemas de un barrio donde muchos tratan de vivir dignamente.
Con estas circunstancias, son cuatro los profesionales que tienen una larga lista de tareas encomendadas para controlar 109 comunidades que suponen 653 viviendas.
Diariamente se encargan de evaluar y favorecer el grado de cumplimiento de las normas de convivencia; intervienen ante situaciones de impago de gastos de comunidad en los hogares morosos; se ocupan de gestionar el cobro de los gastos ordinarios, o dan cuenta a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de posibles actos de vandalismo que afecten a los elementos comunes del inmueble.
Asimismo, el equipo de intervención se encarga de identificar posibles ocupaciones ilegales de viviendas o de la realización de obras ilegales, tanto en el interior de las casas como en los elementos comunes del inmueble (como colocación de aparatos de aire acondicionado, cierre de terrazas y galerías, toldos); comunican si detectan cualquier intento de subarriendo y ocupaciones irregulares, o si identifican elementos nocivos y molestos en las zonas comunes.
Con esta medida que está en marcha desde julio, a los vecinos de Los Palmerales también les custodian las llaves de acceso a los espacios en los que se encuentren cuadros de contadores (agua, luz), para facilitar la entrada a empresas proveedoras en caso de necesidad o les supervisan la limpieza diaria.
Precisamente, esto es uno de los males del barrio, al menos en las viviendas que han tenido que derribarse, donde la Policía Local tuvo que intervenir en muchas ocasiones ante innumerables conexiones ilegales a la red eléctrica, con el consiguiente peligro de electrocución o incendio.
Por eso, los mediadores enviados por el Consell también comunican posibles incidencias de las instalaciones comunes de los inmuebles (ascensores, grupos de presión, suministro eléctrico, suministro de agua, red de saneamiento, protección contra incendios).
Objetivos
Todo ello forma parte de la larga lista de cometidos que tiene un equipo de intervención que se ha desplazado al barrio ilicitano para garantizar, en definitiva, su supervivencia. Desde la EVHA resumen en tres sus objetivos. El primero es el de acompañamiento a las comunidades vecinales en el proceso de autoorganización, gestión de conflictos y sostenibilidad social y económica.
El segundo pasa por favorecer la conservación de los elementos comunes: portales, aparcamientos, zonas ajardinadas y resto de elementos comunes que integren la promoción (labor preventiva de conservación y mantenimiento).
Y el tercer fin de esta medida es evitar el desorden o mal uso de instalaciones y de las zonas comunes, controlando el buen funcionamiento de las mismas.
Cuatro profesionales
Los mediadores que se encargan de esto son una trabajadora social, un técnico en integración social, un auxiliar de ayuda a domicilio y un conserje. Y para ello, han establecido su centro de trabajo de manera provisional en el centro social del barrio, aunque la mayor parte del tiempo la dedican a visitar las viviendas.
El edil de Bienestar Social, Mariano Valera, aseguró cuando la administración autonómica presentó este plan que «el objetivo es desarrollar una actuación integral de las viviendas públicas en el barrio de Los Palmerales en la que existe factores de riesgo asociados, movilizando recursos económicos, técnicos y organizativos, y contando con la colaboración de los servicios sociales, entidades del tercer sector y como no, con la propia comunidad».
Para Valera, «aunque existe un buen clima de convivencia en el grupo de viviendas públicas, siempre es una buena iniciativa toda aquella que esté enfocada a la mejora de las condiciones de vida de las personas que viven, más aún si se hace desde una óptica amplia y de intervención comunitaria».
