El propio Gobierno ya asumía que poner en pie un nuevo sistema de financiación autonómica sería una tarea imposible en una legislatura ya mediada y cuando se acerca un nuevo ciclo electoral que abrirá Andalucía y antes incluso, quizá, Castilla y León. Los primeros pronunciamientos de los gobiernos autonómicos apenas tres días después de que Hacienda les remitiera su propuesta de población ajustada apuntan a esa dirección, que armar un consenso multilateral no será factible. Mientras que las comunidades dirigidas por el PSOE ven que hay puntos por mejorar pero aprecian el intento de la ministra María Jesús Montero de lanzar un documento para arrancar el debate, las del PP critican las "formas" del Ejecutivo, consideran el texto "un horror" o juzgan que les castiga, tal y como manifestaron este lunes en el Congreso, que acogió el acto solemne por los 43 años de la Constitución.

Hacienda planteó, en su informe remitido el viernes, de 240 páginas, una revisión del criterio de población ajustada, una de las variables capitales del modelo de financiación y que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales. Es, argumenta el Gobierno, el parámetro más representativo de "las necesidades de gasto, algo sobre lo que existe un notable consenso". La propuesta eleva el peso del gasto en sanidad y educación, las partidas que absorben más recursos para las comunidades.

En concreto, el primero pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40% y el 45% (y cambiaría la estratificación: de siete a 20 grupos, divididos en tramos de edad quinquenales). A su vez, el peso del gasto en educación también se incrementaría, desde el 20,5% actual hasta una horquilla que oscila entre el 25%-30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto.

La ponderación del gasto en servicios sociales, que es en el modelo actual del 8,5%, pasaría a ser entre 6% y un 10%. En esta variable, el padrón de los mayores de 65 años supondría entre un 80% y un 90%, y el de los parados, entre un 10% o un 20%. El gasto en el resto de servicios se reduciría, desde el 30% actual a una horquilla entre el 18% y el 22%. Además, Hacienda explica las variables correctivas no poblacionales: superficie, dispersión, insularidad, despoblación y costes fijos. Estas dos últimas se introducirían en el nuevo modelo. El peso de estos correctores apenas varía: del 3% actual evolucionaría al 3%-4%.

Cuadro resumen de la propuesta de Hacienda sobre población ajustada, pieza clave del sistema de financiación autonómica.

Aprobación "inaplazable"

La primera comunidad que celebró el planteamiento de Hacienda fue Valencia, una de las regiones más castigadas por el sistema vigente, caducado en 2014. Su presidente, el socialista Ximo Puig, ya adelantó el pasado sábado que la propuesta del ministerio está "bastante alineada" con la suya. Montero también contentó, 'grosso modo', a los barones de ExtremaduraLa Rioja y Canarias, los tres socialistas y los tres presentes en la ceremonia de aniversario de la Constitución en el Congreso, al igual que el aragonés Javier Lambán. Guillermo Fernández Vara elogió el documento como un buen punto de partida y aplaudió que Hacienda lance un texto concreto y prolijo.

La presidenta riojana, Concha Andreu, en la misma línea y también en conversación informal con los periodistas, apuntó que hay alguna cosa que corregir en el texto pero que va bien encaminado. El canario Ángel Víctor Torres advirtió de que aún tiene que leer el documento con detenimiento, pero de entrada se felicita que recoja la insularidad. Lambán propondrá a los grupos de las Cortes regionales pactar una "posición de consenso". Se reserva el juicio porque aún sigue "estudiando" el texto. Él es pesimista respecto a las posibilidades de acuerdo, como alertaban otros presidentes autonómicos. Puig, sin embargo, considera que la aprobación del nuevo modelo es "inaplazable". "Propondremos con argumentos, mostraremos voluntad de acordar, orillaremos el frentismo e invocaremos la confianza federal", aseguró en el acto conmemorativo de la Carta Magna que la Generalitat Valenciana celebró este lunes en Alicante, en el que aplaudió la determinación del Gobierno.

El juicio fue mucho más crítico entre los presidentes populares. La más dura, como siempre, la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso. "Nunca ha habido un solo sistema de financiación que haya beneficiado a Madrid desde [la etapa de José Luis Rodríguez] Zapatero", aseguró. Lo cierto es que la ley vigente es de 2009, impulsada por Zapatero, y Mariano Rajoy no la cambió pese a que caducó durante su mandato. La dirigente se quejó de que siempre se obvia el crecimiento poblacional, de que su comunidad está "infrafinanciada" y recibe "un trato muy injusto", ya que es la que más aporta a la caja común, pero la inversión es cuatro veces inferior a la prevista en Catalunya.

El presidente murciano, Fernando López Miras, también del PP, abjuró tanto del contenido del documento como de las "formas" empleadas por Hacienda, tanto por no haber buscado el consenso ni el diálogo previo y por tratarse de un texto lleno de cifras que no es comprensible. El dirigente conservador avanzó que no ve posible el acuerdo mientras el Gobierno de Pedro Sánchez siga dependiendo de ERC. No obstante, "queda un largo camino por recorrer", apuntó. Hacienda ha dado a las comunidades diciembre y enero para que le envíen sus comentarios y mejoras. Miras reclama "especial sensibilidad" para las regiones que, como la suya, llevan años "maltratadas y perjudicadas" por el sistema.

varaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con los presidentes de Extremadura y La Rioja, Guillermo Fernández Vara y Concha Andreu, en presencia del jefe del Ejecutivo de Aragón, Javier Lambán (d), este 6 de diciembre de 2021 durante el acto por los 43 años de la Constitución española, en la Puerta de los Leones del Congreso. DAVID CASTRO

"Complicado" armar el consenso

También el gallego Alberto Núñez Feijóo reconoció que ha de ahondar más en el texto, y aunque ve detalles que van en la buena dirección, hay otras cuestiones que juzga sorprendentes, como que se dediquen más recursos a la población joven que a la mayor. Además, este debate, en su opinión, no se resolverá mientras no se sepa qué recursos adicionales pone el Estado sobre la mesa para distribuir entre todas las autonomías del régimen común (todas, menos Euskadi y Navarra). Galicia hace piña con otras siete comunidades de distinto color político y a las que afectan problemas comunes como la dispersión y el envejecimiento poblacional: son cinco del PSOE (Extremadura, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Asturias), otra del PP (Castilla y León), y una última, Cantabria, dirigida por el regionalista Miguel Ángel Revilla.

Hacienda ya era consciente de las dificultades con las que iba a tropezar. El debate, recuerdan, acaba de comenzar, porque la población ajustada es solo una pieza —clave, eso sí— del modelo. Admiten en el equipo de Montero que resultará "complicado" amarrar un consenso por la posición del PP. No obstante, no es esa la única muralla. La Generalitat de Pere Aragonès promete mantenerse al margen de cualquier discusión multilateral. Y ese es precisamente el marco final, ya que el sistema ha de aprobarse, como recordaba la ministra en una entrevista con este diario, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y luego en Congreso y Senado, lo que no obsta para que tenga múltiples conversaciones bilaterales con las comunidades y con los grupos parlamentarios.

La discusión, pues, arranca ahora con obstáculos. Pero si se cruzan campañas electorales en los próximos meses, el clima se hará más hostil. Y luego vendrán el resto de autonómicas y municipales y, a finales de 2023 o principios de 2024 —si no hay cambios, claro—, las generales. "Sería muy arriesgado apostar por un modelo, que tendrá ganadores y perdedores, antes de ir a las elecciones", observa un barón socialista, consultado por este periódico. Todo parece jugar en contra de la actualización del modelo.