El Gobierno plantea criterios de población y PIB para el reparto de migrantes menores a las CCAA

La reforma de la ley de extranjería para regular la distribución territorial de los migrantes menores no acompañados comienza a salvar obstáculos. El primero, en el seno del Gobierno de coalición, tras las diferencias en la parte socialista y Sumar, encabezada por el ministerio de Infancia. Los de Yolanda Díaz empujaron medidas para aumentar las garantías de protección de estos menores, incluyendo diversos criterios para el reparto y la tutela, que a grandes rasgos tendrán que ver con la población, el PIB y los recursos de cada comunidad autónoma, según fuentes del Ejecutivo.

El PSOE ha fijado asimismo criterios de financiación por parte del Estado para las comunidades que deberán acoger por ley a estos migrantes. Cerrado el borrador, el siguiente paso será ratificar la propuesta de reforma con el Gobierno de Canarias. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se desplazará este lunes a Canarias para celebrar una reunión con el presidente Fernando Clavijo, a quien le presentará el texto. Esta modificación legislativa forma parte de uno de los compromisos de investidura en el marco de la agenda canaria.

Con el apoyo de PSOE y Sumar bajo el brazo, así como de Coalición Canaria, el Gobierno emprenderá conversaciones con los distintos grupos parlamentarios y convocará a las comunidades autónomas a una conferencia sectorial para trasladar sus intenciones y calibrar apoyos. La fase más compleja para avanzar en la propuesta de modificación legislativa del artículo 35 de la ley, ya que Vox forma parte de cinco gobiernos de coalición con el PP y se opone frontalmente a la acogida de migrantes menores no acompañados que llegan a las fronteras españolas.

Conscientes de este rechazo por parte de la ultraderecha, en el Ejecutivo avanzan que no darán más pasos si no se aseguran previamente el apoyo del PP. Primero, porque entienden que una reforma de este calado necesita la colaboración de las administraciones autonómicas y un consenso de los dos grandes partidos. Segundo, por el riesgo de que alguna CCAA presente recurso ante el Tribunal Constitucional o aliente un boicot a la norma.

En aras de buscar un consenso parlamentario e incluir modificaciones a propuestas de otros grupos, la reforma no será impulsada por el Ejecutivo, sino por los grupos parlamentarios que sostienen la coalición. Con todo, tampoco está previsto registrar el texto sin un acuerdo explícito previo con Génova. Si este se consigue a cambio de introducir modificaciones de calado, el Ejecutivo deberá reiniciar el proceso para ratificar los apoyos al texto dentro y fuera del Gobierno.

Tensiones entre PP y Coalición Canaria

En Moncloa fían las opciones de sumar al PP a la presión de los populares canarios sobre Génova. El PP forma parte del gobierno de coalición liderado por Coalición Canaria, partido para el que es una prioridad regular la distribución de menores migrantes llegados a sus costas al considerar que la situación es insostenible. En estos momentos están bajo su tutela más de 5.000 menores. Los populares canarios se han mostrado a favor de la reforma.

Si finalmente dan marcha atrás ante la negativa de Alberto Núñez Feijóo por las diferencias de criterio entre los barones populares, podría provocar una crisis de gobierno en Canarias, según vaticinan los grupos de la oposición. La primera de la legislatura, tras un año de coalición, en un territorio donde los bipartitos son tan habituales como el hecho de que se rompen antes de llegar al final del mandato.

Traspaso de competencias

A pesar del encaje de bolillos, fuentes del Gobierno ponen como plazo el mes de julio para impulsar el proceso parlamentario si existen los mimbres necesarios. Una vez superado el ciclo electoral que rematará con las europeas del próximo 9 de junio. Tras ello, los socialistas consideran que será más factible que el PP cuenta con mayor autonomía para no “ceder” a Vox. Si bien reconocen más dificultades para un acuerdo que en otras grandes reformas que también están en manos de los populares por las reticencias de sus socios parlamentarios, como la modificación de la ley del Suelo o la ley abolicionista de la prostitución, que en la pasada legislatura ya avaló el PP antes de que decayese por el adelanto electoral.

En el caso de que no haya acuerdo, la inmigración engordará la agenda de asuntos polarizadores entre los dos grandes partidos y entre el Estado y las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox, como ya es el caso de las leyes de memoria democrática y la violencia de género. Asimismo, si la reforma no se materializará se alimentará el traspaso de competencias para fijar los itinerarios de inserción. En el acuerdo con el PNV, el PSOE ya pactó esta transferencia. Con Junts se trabaja en la misma dirección para transferir a la Generalitat las competencias en esta materia recogidas en el Estatut.