El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre el caso Koldo. Lo hizo en fecha tan temprana como marzo de 2021, a raíz de una denuncia contra José Luis Ábalos en la que todavía no figuraba su afanoso escudero. El entonces ministro de Transportes salió bien librado, pero los cinco magistrados exceptúan de su archivo "la imputación delictiva por adquisiciones fallidas o fraudulentas" de mascarillas durante la covid. Los jueces alientan explícitamente a perseguir las operaciones dudosas.
La denuncia inicial fue presentada ante el Supremo por el abogado aragonés Ramiro Grau, uno de los personajes más pintorescos que aparecen en la peripecia de Ábalos. El letrado actuó en octubre de 2020, solo unos meses después de la adquisición por diferentes instituciones, con el Govern balear entre las más comprometidas, de hasta veinte millones de mascarillas contra la covid.
Ábalos y Koldo actuaban a través de la empresa zaragozana Soluciones de Gestión. El abogado Grau aprovechó su conocimiento de la empresa, y su atención obsesiva a la figura de Ábalos, para desarrollar la conexión inicial entre el tráfico de mascarillas y la figura del ministro. La novedad de la investigación penal en curso en la Audiencia Nacional es la incorporación de la figura ya simbólica de Koldo García.
La denuncia inicial sigue los cánones de la instrucción actual, con la sorprendente implicación del ministerio de Fomento en la compra masiva de mascarillas a Soluciones de Gestión, una compañía sin ninguna vinculación pretérita con el suministro de material sanitario. Grau explota estas contradicciones para acusar "a grandes rasgos" a Ábalos, que sería destituido por Pedro Sánchez en julio de 2021, de "prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, corrupción en las transacciones comerciales, internacionales, etcétera, en definitiva, delitos de corrupción".
El Supremo afrontó este rosario de presuntos delitos con una alineación de campanillas. La sala de lo Penal estaba presidida por Manuel Marchena, y el ponente del auto fue Andrés Martínez Arrieta, ambos presentes en el tribunal que juzgó el procés. Sin noticia alguna por entonces del enriquecimiento masivo de la trama de Koldo, los magistrados desestimaron la denuncia contra Ábalos, porque la compra de millones de mascarillas "se trata de un supuesto excepcional al que se ha aplicado una normativa excepcional propia del estado de alarma decretado".
La resolución podía detenerse en este punto. Sin embargo, y con la perspectiva de los tres años transcurridos, queda claro que el Supremo exprimió un sexto sentido para detectar una posible evolución futura de los acontecimientos que ahora desarrolla la Audiencia Nacional. Esta precaución queda patente al adjuntar un párrafo hoy significativo y que precisa que "lo anteriormente señalado no es obstáculo para que la imputación delictiva a que se refiere la denuncia, por las adquisiciones fraudulentas o fallidas realizadas en el estado de alarma, puedan ser objeto de investigación ante órganos de la jurisdicción penal en los que dilucidar la acomodación a la legislación excepcional que regula esta contratación en tiempos de pandemia".
A partir de la decisión "con imposición de costas a los recurrentes", se abre la discusión sobre el concepto de "adquisiciones fallidas o fraudulentas". El enriquecimiento de la trama del ministerio, medido en decenas de millones de euros, afecta a todas sus ventas. Sin embargo, el "fraude" en la entrega solo ha sido asociado al envío de un millón y medio de mascarillas inservibles a Baleares, por un valor de 3,7 millones de euros.
Los integrantes del Govern Armengol niegan que las mascarillas fueran fake y que consiguientemente se pueda hablar de fraude. Sin embargo, el concepto más amplio de "adquisición fallida" parece casi idóneo para definir la recepción de "un avión repleto de mascarillas", que había sido rechazado al menos por Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha. De hecho, ni una de las piezas fue utilizada para su función protectora. Ni el ejecutivo autonómico del PSOE ni el actual del PP reclamaron el reintegro de los millones públicos pagados en una sola entrega, el 5 de mayo de 2020.
