Transcurrida una semana desde las elecciones catalanas, convendría empezar a desinflar algunos globos. Como desgraciadamente era de prever, el resultado no ha sido bueno para nadie que no sean los extremismos a un lado y otro del arco político. Ni siquiera para los independentistas. Cataluña sigue rota, no sólo en términos de secesionismo frente a unionismo, sino también rota en términos de clase y procedencia: el separatismo es franca minoría en los distritos más pobres y gana terreno, hasta ser mayoría abrumadora, en los más ricos. Todas las falsedades de supuestas políticas integradoras generosamente regadas con dinero público durante décadas se ponen en evidencia: el charnego es hoy, más que nunca, charnego y ese dinero público, a la postre, sólo ha servido para enriquecer a una élite dirigente cada vez más ensimismada y menos cosmopolita para la que, en definitiva, el que no tiene ocho apellidos catalanes no merece aspirar más que a menestral. Hasta ahí llega, con todas las excepciones que se quieran, el ascensor social, por mucho que te eduques en catalán.
Pero no nos dispersemos. A lo que íbamos. El PSC, y con él el PSOE de Pedro Sánchez, ha obtenido un magnífico resultado en votos, eso no hay quien lo ponga en cuestión. Pero ya nos dejó dicho el maestro Ortega y Gasset que todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía y Salvador Illa no fue candidato para acabar de jefe de la Oposición. El independentismo, a pesar de su cainismo, ha vuelto a sumar mayoría de escaños, pero depende más que nunca de los antisistema de la CUP, salvo que ERC (el partido más desleal del teatro político europeo, según definición de Duran i Lleida) haga una pirueta de última hora y apueste por un tripartito de izquierdas, cosa matemáticamente posible pero poco probable. Cataluña sigue condenada al bloqueo y esa maldición continuará condicionando la política nacional.
Miren a Pablo Iglesias. Todos los análisis publicados han dado por bueno el resultado de sus representantes en Cataluña, los «comunes». Alguno incluso ha escrito que ese resultado, el mantenimiento de los mismos escaños que obtuvo en las anteriores elecciones, «estabiliza» la coalición que gobierna España. Pero no es así. Los resultados no han sido buenos. Los «comunes» han perdido posiciones, han bajado en votos y han visto cómo la CUP, de estar por detrás, ha pasado a duplicarles en diputados. En la ciudad de Barcelona, si lo que el domingo pasado dictaron las urnas fuera extrapolable a unas municipales (que no lo es, aunque indica tendencias), Colau no sería alcaldesa: ha quedado 90.000 votos por debajo del PSC y sólo 13.000 por delante de Vox. Iglesias sí sabe leer lo que dicen los recuentos: por eso, lejos de «estabilizar» el Gobierno de Madrid, no ha tardado ni una semana en alentar las revueltas callejeras con la excusa de defender la libertad de expresión al mismo tiempo que lanzaba una nueva ofensiva contra los medios de comunicación.
De cualquier forma, como es sabido, la mayor debacle ha sido la de la derecha que se autodefine liberal. Baste decir que, de aplicarse en Cataluña la ley electoral valenciana, el PP se habría quedado como partido extraparlamentario. Que se viera venir (ya se pronosticaba aquí la pasada semana lo mal parados que los populares iban a salir) no disminuye el impacto de sus negativos registros (parecía que no podía caer más bajo, pero ha perdido uno de sus cuatro escaños) y del éxito de la ultraderecha de Vox, que no le ha dado el sorpasso: lo que ha hecho, con sus 11 flamantes diputados, es sacarles literalmente del mapa. Casado tiene un gravísimo problema. Un periódico tan poco sospechoso de ser su enemigo como Abc señalaba esta semana que el joven líder popular, en su corta carrera política, ya ha sido de todo (rajoyista y antirrajoyista, radical y moderado), con lo que tiene poco con lo que sorprender y mucho peso acumulado en las sentinas. Tendría que comprender que sólo puede apostar por un camino, el de arrojar definitivamente lastre (para lo que cambiar de sede sólo parece una mala broma), adoptar sin titubeos posiciones propias de la derecha liberal europea y hacer gala de verdadero sentido de Estado; en definitiva, representar lo contrario que Vox y hacerlo sin ningún complejo.
Ahora bien: siendo tremendo el varapalo al PP, un partido que difícilmente puede aspirar a gobernar España si es residual en el reparto de los 48 escaños que Cataluña distribuye en las elecciones generales, mucho peor es el de Ciudadanos, que ha pasado de ser el primer partido en 2017 al penúltimo el domingo pasado; y que se ha dejado por el camino más del 80% de sus votos y 31 de sus 37 diputados, en un hundimiento sólo comparable, salvando las distancias, al que sufrió la UCD y que predice un final tan triste como el que vivió el partido de Adolfo Suárez.
Todo eso, por supuesto, tiene consecuencias en el mapa político de la Comunitat Valenciana. Los socialistas harían mal en confiarse por el resultado que Illa ha obtenido en Cataluña: mejor que el PSC haya ganado en votos, aunque no pueda gobernar, que un fracaso electoral, desde luego. Pero a la postre, eso tampoco mejora la posición del PSPV, que de quien depende de verdad es de Ximo Puig y de Pedro Sánchez, pero también de los resultados que saquen terceros. Entre esos terceros, sin duda, está Compromís, que debería controlar la hiperventilación que padecen muchos de sus cargos públicos, que no hay día que no protagonicen alguna estupidez en twitter apuntándose -literalmente- a cualquier bombardeo, ya sea jalear disturbios callejeros o defender la segregación de León y Castilla. Por cierto, ¿ha reparado, el senador Carles Mulet, en cuál sería la traslación a la Comunitat Valenciana de esa segregación de León y Castilla, por la que aboga? Si quiere, se la explico. Desde Alicante se ve enseguida.
Del comportamiento de Compromís y de Podemos depende en gran parte qué gobierno habrá aquí cuando el actual Botànic concluya su mandato. Pero el gran interrogante a despejar de cara a las próximas elecciones autonómicas es qué va a ser de los 18 diputados de Ciudadanos que están a punto de quedarse huérfanos. El partido que todavía dirige Arrimadas fue nada menos que el tercero en los últimos comicios a la Generalitat, superando a Compromís y rebasando los 466.000 votos. Es cierto que en las siguientes municipales perdieron ya casi la mitad de esas papeletas. Pero aún así obtuvieron más de 300 concejales y se convirtieron en fuerza decisiva en instituciones, como el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación.
¿Qué va a ser de todo ese capital, humano pero sobre todo electoral, ahora? Toni Cantó ya ha iniciado los movimientos para intentar un acuerdo con el PP que le lleve incluso a concurrir en coalición a las elecciones autonómicas y, estirando el chicle, las posteriores municipales. Pero ese acuerdo no es fácil que prospere, entre otras cosas porque el PP no considera que esa sea la fórmula para quedarse con la parte del león de los votos de Ciudadanos. Como todos los partidos grandes, prefiere la deglución que compartir plato, así que abrirá las puertas a los cargos que más le interesen de Cs cuando se acerquen las elecciones, pero difícilmente sellará pactos para ir en comandita. Y Ciudadanos tiene difícil la defensa. Ha dejado pasar los años sin crear una verdadera estructura de partido y ahora tiene una organización interna estéril e ineficiente, en la que nunca se sabe realmente quién es el que manda, Pero, sobre todo, no tiene definición política alguna: ¿qué es Ciudadanos, qué representa, qué espacio propio ocupa? Son preguntas que no tienen respuesta: Cantó un día es amigo de Puig, otro de Mazón y otro podría encabezar una lista de Vox sin que nadie se sorprendiera demasiado. Es como el viejo juego de la pulga: cada vez que crees que lo vas a encontrar en un sitio, ya ha saltado a otro. Lo malo es que, entre salto y salto, nunca acaba en terreno propio: o está donde está el PSOE, o donde está el PP.
Los nombres -Gutiérrez, Parra, Santos, Sánchez... el propio Cantó-, no son, por muy válidos que algunos de ellos se hayan revelado, lo que importa. La cuestión, repito, es quién se beneficiará de esos 18 escaños y ese casi medio millón de votos que logró Ciudadanos en 2019 y que se van a quedar sin dueño. En Cataluña, el PP, a pesar de robarles hasta a la candidata, Lorena Roldán, ha sido incapaz de sacar nada de la liquidación de los de Arrimadas, cuyos votos se han repartido entre la abstención, el PSC y Vox. Ya sabemos que Cataluña tiene singularidades, pero tanto el PP como el propio PSOE harían bien en dedicarle horas al asunto. Porque en la comunidad vecina Vox no existía, y ha pasado de 0 a 11, pero aquí ya obtuvo en las últimas elecciones diez escaños. O sea, que no parte de la nada sino de una posición muy sólida, por delante incluso de un partido que está en el Gobierno como es Podemos. Así que el hundimiento de Ciudadanos, si fuera principalmente en beneficio de Vox, podría suponer que derecha y ultraderecha superaran en escaños a los partidos que forman el Botànic. Pero también podría dejar al PP en cueros, si sigue tan desnortado. Susto o muerte.
Sobre matones de barrio
J.R.G.
Reconozco que no sabía de la existencia de ese individuo llamado Pablo Hasél hasta hace unos días. Ahora no le he escuchado rapear, pero sí he leido sus letras y me parecen repugnantes. También he visto su currículo delictivo, de agresiones (a periodistas, entre otros) y amenazas y desde luego no resulta ningún defensor de los derechos fundamentales, el de la libertad de expresión entre ellos, sino un patético matón de barrio. Que la legislación española en materia de libertad de expresión debe revisarse es una reivindicación que viene de antiguo: nadie debería entrar en la cárcel por un delito de opinión, lo que no implica que no deban perseguirse la injuria o la incitación a la violencia. Pero la defensa de esa posición -que, además, no puede incurrir en la contradicción de amparar al que ideológicamente está en un lado pero perseguir al que está en el otro- tiene poco que ver con las algaradas callejeras que en algunas ciudades estamos viendo, alentadas entre otros por un partido que está en el Gobierno. El discurso de Pablo Iglesias sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación se parece como una gota de agua al que siempre sostuvo ETA o, remontándonos algo más, a la Ley de Prensa de promulgó Franco en 1938, en plena Guerra Civil. Decía aquí hace una semana que Iglesias marea pero el poder (el BOE y la posibilidad de la disolución de las Cámaras) lo tiene Sánchez. Pero Sánchez también debe medir el nivel de indignación que, incluso entre la propia militancia del PSOE, causa a diario su socio.
