Quienes crecimos formando nuestra visión del mundo mediante la lectura y no los videojuegos recordamos historias que nos hacían vibrar y transportarnos a otras épocas, al tiempo que nos iban preparando para la vida. Probablemente, para muchos una de ellas será «Los últimos días de Pompeya», un clásico publicado en 1834 por Bulwer Lytton, que relata justo eso: la vida en los instantes previos a que todo cambie. Seguro que Isabel Bonig, presidenta regional del PP en la Comunitat, degustó de niña la novela. Pero, si no la recuerda, debería releerla. Porque la erupción del PP, ocurra lo que ocurra en las elecciones del 4 de mayo en Madrid, ya es imparable.
El armisticio firmado en Castellón esta semana, donde como se anticipó aquí Marta Barrachina se alzará con la presidencia sin oposición después de que un acuerdo haya integrado en la mayoría impuesta por Génova a los que hasta aquí todavía se alineaban en el bando de Bonig, supone el último salvoconducto del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, a la presidencia regional del partido y a la candidatura popular a la presidencia de la Generalitat, cuando quiera que esas elecciones se convoquen. Mazón no sólo cuenta ya con el apoyo unánime de Alicante y de la nueva organización de Castellón, sino también con mayoría en Valencia. Pero, además, aunque sea cierto que el cordón umbilical de Mazón con la cúpula del PP es el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y que la gestión de éste tiene muchos críticos dentro de la nomenklatura de los conservadores, también es verdad que la dinámica política puesta en marcha ya no podría invertirse incluso si García Egea perdiera pie en el PP: entre la intelligentsia popular en la Comunidad Valenciana –Madrid al margen– existe un amplio consenso sobre tres puntos:
1. Es necesario renovar la alternativa a Ximo Puig.
2. Isabel Bonig no sólo no la puede encarnar, sino que su mandato al frente del PP se salda con más enemigos en la sociedad que los que tenía cuando accedió al cargo.
3. Mazón es el mejor perfil que tienen para sustituirla, pese a ser alicantino o precisamente por ello. Hay entre ambos una diferencia de concepto que no es baladí: Bonig aspira a ser la más votada, después de perder ese galardón en los comicios de 2019; Mazón ambiciona presidir la Generalitat. Parece igual pero, como todos ustedes saben ya después de pasar las últimas noches electorales calculadora en mano, no es lo mismo. Y tampoco transmite lo mismo quien sólo quiere ganar, que quien anhela gobernar.
Los populares juegan con la hipótesis de que Sánchez adelantará las elecciones a noviembre o febrero, para anticiparse a los problemas económicos que marcarán 2022
He titulado esto utilizando la forma «días», no «semanas» o «meses». Es, lógicamente, una licencia. Aunque no del todo. El congreso regional del PP está inicialmente previsto para después del verano. Pero todo indica que se adelantará. No tiene sentido que, dadas las circunstancias, el primer partido de la oposición prolongue la agonía cuando la voluntad política coincide con las matemáticas. Si aún no se ha anunciado tal adelanto es simplemente porque había que cerrar Castellón –cosa que acaba de ocurrir–y porque la cúpula del PP quiere agotar todas las vías para que Bonig acepte su destino y se avenga a ceder pacíficamente el testigo. La todavía lideresa del PP ha pasado las últimas semanas insistiendo en que ella optará a la reelección y que, el que quiera relevarla, tendrá que ganarle. Pero la dirección del PP no quiere un congreso de confrontación, por muy determinados que estén los resultados (las cuentas están claras), así que sigue maniobrando en torno a Bonig para que acepte retirarse. Como he escrito, la apuesta por Mazón no va a cambiar, incluso si las elecciones del 4 de mayo en Madrid provocan un terremoto en el PP (tanto porque Ayuso barra, como porque no llegue) que hace temblar la estructura de mando que García Egea ha construido. Lo de aquí ya tiene vida propia.
El PP, además, trabaja con el convencimiento de que Sánchez puede adelantar las elecciones generales más pronto que tarde. En los mentideros económicos de Madrid se hace una cuenta sencilla: los países con peor pronóstico vuelven a ser los pigs (Portugal, Italia, Grecia y España, en su grosero acrónimo en inglés), a los que hay que sumar Francia. Los últimos informes de los organismos europeos e internacionales presentan un panorama especialmente negativo para España: todos los demás, de ese grupo que peor lo va a pasar, irán recuperando niveles de actividad prepandemia a lo largo de lo que queda de 2021 y en el primer semestre de 2022, siendo el último en recuperarse Francia. Pues bien: cuando eso haya ocurrido en Portugal, en Italia y en Grecia; cuando también Francia entre con pie firme en la senda de la recuperación, a España, según esos mismos organismos, aún le quedará un año para alcanzarlos. Eso quiere decir que estaremos solos, como farolillo rojo, no sólo parte de 2022, sino también hasta entrado 2023, en el mejor de los casos. Pero cuando todos los países importantes de la Eurozona, menos España, hayan salido, ¿qué hará el Banco Central Europeo? ¿Seguirá con la barra libre de la compra de deuda? ¿O levantará el pie del acelerador? Si hace esto último, que es por lo que los economistas apuestan, España tendrá que recurrir durante ese año a los mercados para financiar más de 300.000 millones de euros. Subirá la prima de riesgo, necesitaremos del aval europeo, según esos expertos, y eso se traducirá en nuevos ajustes. Si ese es el escenario, ¿cuál va a ser la tentación –tan obvia como legítima, por otra parte– de Sánchez? Adelantarse al temporal y convocar elecciones antes de que éste se nos venga encima. Esto es, entre noviembre de este mismo año y febrero del próximo. Esa es la tesis que se maneja en la Villa y Corte. Contando con otro elemento que refuerza la hipótesis del adelanto: la vacunación. Es difícil que un Gobierno que sabe que en lo que queda de legislatura va a tener que exigir a los ciudadanos sangre, sudor y lágrimas no aproveche el momento en que una mayoría de la población ya esté vacunada para llamar a las urnas con el reclamo de que, aun con retrasos, el hecho es que la inmunización está extendida. Eso sin contar, decía, con el panorama que deje Madrid tras el 4-M, o el que imponga Cataluña si hay que ir a segundas elecciones o ERC gobierna con Puigdemont apuntándole a la sien.
Los populares tienen fácil no sólo mantener pase lo que pase el gobierno de la Diputación, sino incluso recuperar la mayoría absoluta con un diputado más en Villena y otro en l’Alacantí
Un adelanto electoral por parte de Sánchez, ya se ha escrito aquí otras veces, pondría a Ximo Puig en el disparadero de decidir si une de nuevo, como en 2019, su destino al del presidente del Gobierno central, o esta vez se desmarca y va a su propio ritmo. Puig en esta ocasión no quiere anticipar los comicios. Le rompe el relato de la necesaria estabilidad en los gobiernos y el foco puesto en los ciudadanos, y no en la pelea política, por el que tanto ha apostado. Pero la decisión, si Sánchez anticipa, no va a ser fácil. La tentación y la presión de muchos de sus asesores que sí quieren que las autonómicas en la Comunitat Valenciana sean el mismo día que las legislativas va a ser muy fuerte.
Sean legislativas, o legislativas y autonómicas al mismo tiempo, el PP lo que tiene decidido es que el toro no le pille sin el traje de luces puesto. De ahí el acelerón que están metiendo para el relevo de Bonig por Mazón. Se trata de tener el partido aquí ordenado, con un liderazgo claro y con una estrategia encarnada y definida para devorar todo lo que se pueda del pastel de 18 escaños que deja sin dueño Ciudadanos. A sabiendas de que toda la suerte se juega a la cara y cruz de los bloques: o la izquierda (PSOE, con Compromís y Podemos, si es que entra) gobierna, o lo hace el PP con Vox. En 2019, incluyendo a Cs en el bando de la derecha, como Toni Cantó ha demostrado que debíamos hacer, la diferencia entre ambos bloques a favor de la izquierda sólo fue de dos escaños. O sea.
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, secretario general del partido, se perfila como futuro sustituto de Mazón en la Corporación Provincial, aunque ahora no tenga escaño
Quienes hayan llegado hasta aquí, y lean esto desde Alicante, con la importancia que para esta provincia tiene, seguramente se estarán preguntando qué pasa con la Diputación si Mazón preside el PP regional. De momento, nada. Todo es compatible. Pero las elecciones municipales, de las que deriva la Diputación, son las únicas que tienen fecha fija (mayo de 2023). Así que, si hay adelanto de las elecciones autonómicas y Mazón es el candidato a la Presidencia de la Generalitat, el PP tendrá que buscar una solución para Alicante siquiera temporal. Porque, incluso si no ganara las elecciones, Mazón no puede pretender representar, desde una parte (la presidencia de la Diputación de Alicante) al todo (la Comunitat Valenciana). Ahora mismo, se da una situación paradójica: sea cual sea el resultado de las elecciones autonómicas y el de las municipales, lo más fácil es que el PP no pierda la Diputación de Alicante sino que, al contrario, en 2023 recupere la mayoría absoluta. Ahora tiene 14 escaños, pero perdió el único diputado que se elige en Villena por un error y 22 votos. Luego es fácil pensar que lo va a recuperar. Ya serían 15. Y en el distrito judicial de L’Alacantí el reparto fue 3 para PP, 3 para PSOE y 2 para Cs. Con sólo sumar uno de estos últimos, el PP llegaría a 16, o sea, no necesitaría el voto de nadie. Lo curioso es que todo el PP está seguro de que el sucesor de Mazón en el Palacio Provincial será Toni Pérez, alcalde de Benidorm. Pero Pérez no es ahora diputado provincial. Así que Mazón tiene dos trabajos por delante: coser su propia candidatura y dejar enhebrada la de su sucesor. Puntada a puntada.
Banderas de nuestros padres
Siempre me ha llamado la atención la frivolidad con la que la izquierda, pero sobre todo el PSOE, ha regalado a la derecha, pero mayormente al PP, la bandera del agua. Cada vez que los populares han amenazado las posibilidades electorales del PSOE, los socialistas han apostado por Castilla-La Mancha frente a Alicante en el reparto del agua, a pesar de que Alicante elige, por sí sola, 12 diputados al Congreso, mientras que toda Castilla-La Mancha escoge 21. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque históricamente el PSPV no ha hecho en Madrid defensa del trasvase del Tajo al Segura. Es algo que desde València, pero sobre todo desde una parte del socialismo valenciano, se ha visto tan lejano como que durante todo el mandato de Joan Lerma la silla del conseller en representación de la Comunidad Valenciana siempre estuvo vacía en las reuniones de la comisión del trasvase: nadie acudió jamás a ninguna reunión. O que cuando Bono cerró las compuertas unilateralmente, quien tuvo que llevarlo a los tribunales fue Antonio Fernández Valenzuela, presidente socialista entonces de la Diputación Provincial, porque el Consell no dijo esta boca, ni este recurso, es mío. El director de INFORMACIÓN, Tomás Mayoral, lo expuso ayer en un contundente artículo: «A Alicante le están robando el trasvase, el agua, su agricultura, su riqueza y en cierto modo su futuro». Para el PP, capaz de salvar la contradicción de que Aznar derogara el PHN que presentó Borrell y que garantizaba el agua del Ebro, la cosa está clara y sacará provecho de ella. Puig se puso ayer las pilas.
