No por conocido, previsto y temido deja de ser lamentable el reciente anuncio del Gobierno Central de la reducción de 80 hm3 del agua del Tajo, que se suma a la reducción a medio plazo de 70 hm3 más por los caudales ecológicos, lo que continúa en la línea de acabar con las cesiones de agua a las provincias de Alicante y Murcia. Es una vergüenza y un chantaje impresentable que una necesidad ineludible para nuestra agricultura se cuestione constantemente, con los graves perjuicios de reputación y merma en la atracción de inversiones, por no hablar del futuro de nuestra provincia.
La Cámara de Comercio de Alicante lleva treinta años denunciando que la situación hídrica en nuestras cuencas es insostenible y es inviable el desarrollo económico de la provincia de Alicante sin garantizar el suministro de recursos hídricos. Llevamos más de cien años arrastrando la incapacidad para poner en marcha un plan de redistribución de los caudales que ayude al desarrollo de la España seca. Desde 1.902 en que se comienza el Plan General de Canales de Riego y Pantanos, pasando por 1.933 en que se diseña, si bien nunca se aprueba, el Plan de Indalecio Prieto, ministro socialista de Fomento, hasta el PHN y todo lo que arrastramos desde entonces, se ha perdido un siglo en discutir sobre reformas hídricas sin que una sola gota del Ebro o del Júcar haya llegado a nuestras tierras.
Por lo que respecta al Tajo, es evidente que en las actuales circunstancias nunca se hubiera llegado a construir. Políticamente resultaría tremendamente complicado que pudiera existir un pacto en el que se implicaran la mayoría de los partidos y de las Comunidades Autónomas afectadas. Es prácticamente imposible y además no hay voluntad política, como en tantos otros temas, en los que los recelos, las envidias y los intereses localistas de algunos perjudican el bien común.
Mucho nos tememos que la intención del Gobierno, presionado por Castilla La Mancha, sea acabar con la transferencia de caudales o hacerlos tan escasos que realmente frenen nuestro progreso.
Los datos técnicos se han puesto sobre la mesa una y otra vez. Los recursos hídricos son insuficientes, ya que los sistemas padecen una escasez de tipo estructural, es decir, el recurso potencial, incluyendo desalación y transferencias, es sistemáticamente inferior al nivel de consumo que se precisa. En las situaciones de escasez estructural, la solución sólo puede proceder de una reducción del nivel de consumo o del incremento de la aportación de recursos externos, procedentes del mar mediante desalación. La desalación tiene altos costes en energía y ecológicos por el vertido de salmueras al mar, pero en todo caso puede ser un recurso complementario, nunca exclusivo.
Lo que habría que ver es qué interés político se tiene en llevar el agua donde casi no produce beneficios, por el clima o las condiciones del suelo, cuando se ha demostrado que la agricultura del sureste español es la que con menores recursos hídricos produce los mejores resultados. El agua es un bien de todos los españoles, no de unos pocos, y tenemos tanto derecho como el que más a una utilización racional de los recursos.
El agua es esencial y nos la están negando. Insisto: es una vergüenza y un chantaje injustificable que debe tener una respuesta contundente de todos los partidos políticos, instituciones y de la ciudadanía en general.
