El tema del agua en nuestra provincia lo venimos padeciendo desde hace años; han pasado por él administraciones populares y socialistas y ninguna ha podido solventarlo satisfactoriamente; entre otras cosas porque los recursos hídricos naturales, unos dependen del mal uso y abuso que se ha hecho de ellos, como pozos y demás acuíferos y otros recursos dependen de la cantidad de lluvia que caiga sobre la cuenca de los ríos.
Dicho esto, las soluciones que se han ofrecido hasta ahora no han dependido tan solo de las decisiones administrativas por el partido político de turno sino del uso político (en el peor sentido de la palabra) que se ha dado a las mismas. Por ello ninguna satisface plenamente, porque se haga la que se haga es manipulada políticamente por la oposición y se entorpece su aplicación.
Ahora que gobierna la izquierda, la derecha se ha puesto en pie de guerra por el anuncio siguiente: “El Gobierno certifica el primer recorte del Tajo-Segura al reducir el trasvase máximo de 38 hm3 a 27 hm3”. Vista así la noticia da la impresión de que el gobierno se dedica a joder a los valencianos privándonos del caudal de agua que necesitamos; el uso torticero de la misma no tiene otra finalidad que sacar réditos políticos de la manipulación; lo demás, la solución real del problema que supone este recorte, importa muy poco. Para empezar diremos, ateniéndonos al análisis que ha hecho Jorge Olcina, que el recorte proviene del hecho de que ahora está lloviendo menos en la cabecera del Tajo y por tanto las condiciones de explotación del acueducto Tajo-Segura no pueden ser las mismas que lo eran cuando se aprobó ni cuando igualmente se aprobó el Memorandum de los años 13 y 14. Lo que ha hecho el Ministerio a partir de unos estudios y a un dictamen científico-técnico que ha aprobado el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) sobre los efectos del cambio climático sobre la cuenca Alta del Tajo, ha determinado ese cambio en los 4 niveles de explotación. Recordemos que estos 4 niveles se establecen en virtud de las existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes (nivel 1 cuando las existencias de ambos embalses sean igual o mayor a 1300 hm3; nivel 2, cuando el nivel sea menor a 1300 hm3; nivel 3, cuando no superen algo más de los 600 hm3 y nivel 4 cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 400 hm³, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno). Fundamentalmente afectan al 2 y al 3, y se ha hecho pensando en evitar situaciones de excepcionalidad, como las que se vivieron hace un par de años en los que el trasvase estuvo varios meses sin funcionar. Si aplicásemos los criterios actuales a aquella situación, de los 4 meses que estuvo sin funcionar, al menos 2 hubiera funcionado, es verdad que con menos cantidad de agua (ahora se ha rebajado el máximo transvasable) pero al menos se evitan situaciones de no trasvase.
Por tanto, siendo realistas, la cantidad de agua trasvasable se ha de adaptar a las exigencias del cambio climático, que es un hecho incontestable. Sin embargo, ¿hemos de conformarnos? O ¿podemos adoptar soluciones no convencionales para paliar esta situación? Por supuesto que sí. Por ejemplo, la utilización para los riegos y el cultivo de aguas depuradas; hay que mejorar las depuradoras existentes; darles tratamiento terciario más ósmosis inversa para que las aguas salgan con calidad muy aceptable para que sean útiles para el cultivo; ahora mismo se está reutilizando la mitad de lo que se depura, lo que es un despilfarro, ya que quedan sin utilizar al menos 10 o 12 hm3 y es un agua que no depende de las lluvias. De igual manera, la hay que potenciar la desalación del agua del mar. La desaladora de Torrevieja debe convertirse en la proveedora de agua para la Vega Baja para las próximas décadas. De esta manera se podrá ir sustituyendo la bajada inevitable de caudal de agua que nos llegará del trasvase por causa climática e inevitablemente. Sabiendo que ahora mismo el precio del agua desalada es caro e inasumible por los agricultores (más o menos a 0,50 € el m3) debe conseguirse un precio político que no supere los 0,20€.
Hagamos las cosas bien, evitemos demagogias y utilización partidista y torticera el tema del agua, que tan importante es para nuestra producción agrícola y nuestra economía.
