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Marc Llorente

Ver, oír y gritar

Marc Llorente

Decibelios a todo ritmo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE

No sé si la figura de Pedro Sánchez es pasado o no, pero sí se sabe que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cotiza al alza. El presidente del Ejecutivo de coalición tiene una tarea por delante, con tensiones incluidas, que debe llevar a buen puerto. El PSOE muestra hoy cierta unidad aparentemente, al mismo tiempo que viaja al ayer perdedor de 2014 y 2016. Pese a que Sánchez lo tenía muy difícil, venció en el partido y en las urnas, y ahora le toca cumplir todos los acuerdos y los compromisos progresistas que contrajo con la población en beneficio de España, de su grupo y de su propio interés. Los presupuestos del Estado están en la cuerda floja con el posible rechazo y las presiones de ERC, PNV, Bildu y Compromís. Siempre que sean razonables…

No cree que exista posibilidad de ruptura con Unidas Podemos, aunque haya choques entre los dos socios, a ver quién gana, y el volcán eche humo. Los proyectos que hay por delante son la brújula que, se supone, guía los pasos conjuntamente. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, mete la nariz en la reforma del mercado laboral, y la vicepresidenta segunda, Díaz, se mosquea. Es lógico que exista una unidad de acción, una coordinación, y que cada ministro, con el peso, la iniciativa, la decisión y el diálogo social correspondientes, no tenga su propio reino. Todo va conectado, y cada uno no puede hacer una guerra particular. No obstante, la misión es diluir a la titular de Trabajo con cinco ministerios socialistas enfrente. De entrada no hay consenso.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el ahora exdiputado y exmiembro de UP, Alberto Rodríguez, tras un proceso (solo) de ocho años, propicia más fricciones por la distinta interpretación de la condena. ¿Sin pruebas suficientes? ¿Sin base jurídica y con el objetivo de quitarle el escaño? ¿Un caso lleno de irregularidades y un asalto a la democracia? ¿Prevaricación? ¿Arbitrariedad? Sea como fuere, una cosa es totalmente cierta. La persecución contra el partido morado por parte de las fuerzas, de un tipo u otro, más conservadoras. Está muy bien no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas. No estaría mal tampoco que ellas no se desprestigiaran solas.

Véase que los dos partidos del Gobierno pensaron que la sentencia no obligaba a quitar su asiento a Rodríguez, según, incluso, el informe de los letrados de la Cámara. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sin embargo, le retira el acta y Podemos exige su dimisión. Para no dejarla sola ante el peligro, un nuevo informe avala esa retirada. El exdiputado piensa acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y clarifica la controversia el exmagistrado del Supremo, Martín Pallín, al hablar del «antidemocrático gobierno de los jueces» y de un «nuevo golpe a la soberanía popular por parte de las instituciones judiciales caducadas desde 2018». Mientras, el Poder Judicial pretende que «no se menoscabe la imagen de quienes velan por los derechos». Como decía antes, algunos se desprestigian solos.

O lo que advierte el magistrado, portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, al decir que «el cumplimiento directo del fallo no lleva a la destitución». Entiende que «no es positivo para el pluralismo, para la calidad de la democracia y para nuestro sistema de derechos fundamentales». Naturalmente, el PP y Vox no desaprovechan ninguna ocasión y siguen con sus actitudes pasadas de rosca. Uno de los principales héroes de la crispación, Casado, afea a Podemos las críticas a la justicia sin tener en cuenta las que su grupo ha hecho contra determinadas decisiones, además de no colaborar más de una vez con los tribunales. Recuerden, entre otras maravillas, lo que Rajoy dijo refiriéndose al caso Gürtel: «Una trama contra el PP».

Los ruidosos más contumaces buscan provecho en cualquier contenedor, y ni siquiera les sirve el décimo aniversario del anuncio del fin del terrorismo de ETA. Así contribuyen a la convivencia ciudadana. Desestiman el estado de bienestar y acechan locamente a la presa para mordisquearla con la aceptación de parte de un público al que en realidad no van a defender nunca.             

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