La izquierda política española se caracteriza, al menos en el ámbito municipal y autonómico, por sufrir grandes dificultades para conseguir el poder después de largos periodos de gobiernos de derecha, pero una vez conseguido, parece esforzarse en perderlo cuanto antes. Sólo así se entiende algunas de las medidas que desde la Generalitat Valenciana y desde los ayuntamientos de Barcelona y Valencia se han puesto en marcha en los últimos meses. En el caso de Barcelona, Ada Colau, que gobierna la ciudad gracias al apoyo de los socialistas, muy asidua a tertulias televisivas cuando ya era alcaldesa, despareció en cuanto comenzaron los gravísimos disturbios y el vandalismo callejero cada vez que Carles Puigdemont ha sido detenido durante algunas horas en algún país europeo, cuando fueron juzgados los responsables de la declaración fallida de independencia catalana o cuando Barcelona se convirtió en un enorme botellón al comienzo de la desescalada, botellón que trajo como consecuencia que calles enteras fuesen destrozadas y sus comercios vandalizados. Las pocas declaraciones que hace a los medios de comunicación las realiza de manera apresurada y a la salida de alguna inauguración. Es muy fácil pontificar y tener solución para todo cuando la única responsabilidad que se tiene es la de hacer performances callejeras. El rechazo de la alcaldesa Ada Colau a que se instale en Barcelona una sucursal del museo Hermitage hay que entenderlo como parte de ese viejo estereotipo que ha arraigado en la izquierda nacionalista según el cual el turismo es malo porque, como es bien conocido, las ciudades son en realidad pueblos grandes que sólo deben ser vividas por los oriundos de ese lugar.
En Valencia una de las primeras declaraciones públicas que hizo su vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez, fue declarar la guerra a los pisos turísticos de la ciudad. No habló de regular y controlar los ya existentes para asegurar el pago de impuestos a la Hacienda pública o sobre la creación de un nuevo impuesto municipal sobre los mismos sino de acabar con todos los que se pudiesen. Pretender que con esta medida se iba a conseguir una bajada en los precios del alquiler era una idea tan infantil y absurda que rápidamente cayó por su propio peso. La proporción de viviendas turísticas en Valencia no llega al diez por ciento del total, pero hacer declaraciones prometiendo terminar con todas ellas pensó Gómez que resultaría políticamente rentable. Mientras tanto los vecinos de barrios como Malvarrosa u Orriols se manifiestan todas las semanas, hartos del menudeo de drogas, de peleas a machetazos entre bandas rivales a plena luz del día, de los constantes robos y de los botellones multitudinarios ante el silencio de la vicealcaldesa socialista.
La última ocurrencia que pretende ser un apoyo al uso del valenciano en la Comunidad Valenciana ha partido de una propuesta de una diputada autonómica del grupo Compromís de obligar a los establecimientos comerciales a atender en valenciano cuando así lo exija un cliente. No se refiere al hecho de que el comerciante hable en castellano y el cliente en valenciano sino que en cada establecimiento haya como mínimo un persona que pueda desenvolverse de manera perfecta en valenciano so pena de que se puedan pedir las hojas de reclamaciones y el establecimiento sea multado. Vaya por delante que creo que el valenciano es un idioma en claro retroceso que debe ser protegido para evitar su desaparición o, más bien, para que se convierta en una lengua muerta como el caso del latín. Recientes estudios sociológicos afirman que en ciudades como Valencia o Alicante el valenciano es utilizado de manera habitual por el 15% de la población mientras que en la Comunidad entendida en su conjunto (no sólo las comarcas del interior) el porcentaje se eleva al 30%. Pero una cosa es que deba ser enseñado de manera obligatoria en los colegios y otra que se pueda multar a un establecimiento comercial de cualquier clase por no poder atender de la manera que el cliente piense que deba ser atendido.
En el fondo lo que subyace, aunque no termina de aflorar, es ese viejo cliché al que me refería antes según el cual ser de izquierdas y nacionalista implica si bien no un ataque directo contra el turismo y en general contra los extranjeros que se queden a vivir en regiones catalanohablantes sí un continuo perfil bajo de boicot suave y silencioso. Teniendo en cuenta la cantidad de viajeros que visitan la Comunidad Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares lo lógico sería potenciar el uso de lenguas extranjeras para poder atender de manera correcta y eficaz a los millones de turistas que eligen cualquiera de estas tres comunidades para pasar unos días. Tal vez algunos políticos con sueldos acordes a la importancia de sus cargos hayan olvidado que gracias a los impuestos que se recaudan de los pisos turísticos, restaurantes y hoteles, se pagan sus nóminas todos los meses y que los extranjeros que nos visitan valoran, sobre todo, que hagamos el esfuerzo por hablarles en su idioma así como que las ciudades sean seguras, es decir, que no haya barrios en los que la inseguridad ciudadana impidan su visita.
