Leer los periódicos es ya un ejercicio de agitación emocional, habida cuenta del desasosiego que nos produce la barahúnda política española. Por supuesto, el ambiente de base de la vida institucional se halla lastrado por dos contingencias morrocotudas: la pandemia y la fuerte inflación principalmente generada por los altos precios de la energía. Con relación a esto último, sólo cabe recordar la gran batalla de opinión pública que hace tiempo libraron determinados partidos y oenegés contra la energía nuclear. «¿Nucleares? No, gracias», proclamaban las pancartas exhibidas en las grandes movilizaciones. Bueno, Francia apostó por las centrales nucleares y no tiene problemas con la factura eléctrica. España siguió otro camino y hoy únicamente le cabe afrontar las consecuencias, incluidos los malabarismos en política exterior con nuestros quisquillosos vecinos norteafricanos.
La Constitución cumple ya 43 años, y aunque precisa algunas reformas, lo que más necesita es respeto y lealtad por parte de los actores políticos y sociales. No la respeta el PP, que, al bloquear durante más de mil días la renovación del Consejo General del Poder Judicial, adopta un comportamiento groseramente antisistema. Esta conducta avanza la que pueden seguir los populares más adelante al sentir en el cogote el acezante resuello de Vox. Ambos partidos, con la patética compañía de los pre-náufragos de Cs, jalean las manifestaciones callejeras de los sindicatos policiales contra la reforma parlamentaria de la llamada «Ley Mordaza», sembrando la inquietud consiguiente entre quienes consideran justamente que la misión de estos cuerpos armados no es la de constreñir al Poder Legislativo, sino, como establece la Constitución, la de «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». Definir cómo deben tener lugar –a través de qué medios y con qué limitaciones-- esa protección y esa garantía compete exclusivamente a los representantes del pueblo, no a los policías mismos. Ello sin perjuicio de la función correctora que en su caso ejerza, a la luz de la Constitución, el Tribunal Constitucional.
El Gobierno de coalición PSOE-UP no se queda atrás en las actitudes extremistas de polarización. Ahí está el embrollo de la modificación/interpretación (!) de la Ley de Amnistía de 1977 –ley reivindicada masivamente en la calle por todos los partidos de izquierda y aprobada casi por unanimidad en las Cortes de la época- con el fin de perseguir ahora los denominados crímenes franquistas «de lesa humanidad». Semejante iniciativa supone con toda evidencia lanzar un misil en la línea de flotación de la modélica Transición española. Además, jurídicamente es un avispero del que nada bueno puede salir, si nos atenemos a la inexcusable exigencia de ley previa característica del reproche penal en un Estado de Derecho. Por mucho que algunos se empecinen, noviembre de 1975 en Madrid no tuvo nada que ver con abril de 1945 en Berlín. ¿Queda claro?
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, por su parte, fiel a su habitual línea de frontal desprecio de la Constitución española, ha anunciado su intención de incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma, confirmada recientemente por el Tribunal Supremo, que ordena a las escuelas respetar el carácter vehicular del castellano en la enseñanza, garantizando a tal efecto la impartición del 25% de las clases en dicha lengua. Ninguneado impunemente el castellano por el sistema de «normalización lingüística» -pura ingeniería social totalitaria al servicio de la construcción del ídolo nacional-, la pacata decisión del TSJ implicaría pasar a 6,25 horas semanales en primaria (de un total de 25 horas lectivas) y a 7,5 horas semanales en secundaria (de 30 lectivas). O sea, a pesar de que el castellano es la lengua materna del 52,7% de la población catalana (frente al 31,5% del catalán) y de que la Constitución reconoce expresamente el derecho a usarla, el Estado ha sido, es y será incapaz de asegurar su carácter de lengua docente, ni siquiera en paridad con el catalán. Y esto ya gobiernen en España socialistas o populares, bien sea por afinidad al nacionalismo periférico, bien por mero oportunismo político o bien por cobardía moral.
Deduzca el lector las conclusiones. Y repare también en que es un órgano judicial como el TSJ (respaldado por el TS), y no el legislador, quien establece las cifras concretas de la vehicularidad docente del castellano, cargándose de paso la prohibición constitucional de que los jueces se salgan de su estricto papel de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado para meterse a legislar. ¡Todo lo cual es un desastre, que saca de quicio el principio cardinal de la división de poderes!
Finalmente, cuando el Jefe del Estado visita oficialmente Cataluña no lo reciben las máximas autoridades autonómicas y locales. Los «indepes» no se cansan de clamar en sus manifestaciones que «Cataluña no tiene rey». Qué curioso, lo mismo le dijeron los judíos a Pilatos.
