La Conselleria de Sanidad ha procedido a la tramitación de diligencias y, en su caso, apertura de expedientes informativos, a 10 cargos públicos, que forman parte de un total de 233 casos cuya vacunación ha sido objeto de análisis por no ajustarse a los grupos de riesgo correspondientes. La consellera, Ana Barceló, acusó a la Diputación de Alicante de incluir al diputado del PP Juan Bautista Roselló en el listado de personas que debían recibir la primera dosis anticovid en el centro Doctor Esquerdo, pese a no pertenecer a ninguno de los grupos prioritarios.
Justo la tarde previa al pleno de la Diputación de Alicante donde los grupos de la izquierda y Ciudadanos exigirán la dimisión del diputado y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, por este tema, la consellera de Sanidad cargó contra la Diputación por ordenar, además, que Roselló recibiera la dosis. A su vez, también denunció que Bernabé Cano se vacunó sin figurar en los listados.
Por su parte, la Diputación contestó a estas acusaciones y dijo que no ha hecho ningún listado de vacunación y que fue el jefe médico del Doctor Esquerdo quien hizo el listado con todos los trabajadores del centro a petición de Salud Pública.
La Conselleria detectó 233 casos que podían ser objeto de análisis por saltarse la cola de vacunación. Del total, 171 están justificados al pertenecer al grupo siguiente o bien a diferentes grupos de riesgo. Los 62 casos restantes son los que se ha procedido a investigar con más detalle para depurar responsabilidades. La consellera ordenó tanto a la Dirección General de Recursos Humanos como a Salud Pública la apertura de expedientes informativos para conocer si algún profesional de esta Conselleria había cometido alguna irregularidad y también para saber si se habían producido vacunaciones irregulares. Desde la Dirección General de Recursos Humanos, la que atañe al personal de la Conselleria, hay abiertos nueve expedientes informativos a trabajadores que fueron los responsables de suministrar esas dosis.
Por lo que respecta a las 62 vacunaciones irregulares, diez son cargos públicos que Sanidad considera de interés general. Entre ellos, la consellera destacó al diputado provincial del PP y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, que se vacunó el 6 de enero el centro La Savia y se presentó, según dijo la consellera, sin autorización en la residencia junto a su concejal de Sanidad «incumpliendo el protocolo previsto en los centros sociosanitarios y sin figurar en los listados» por lo que hay abierto un expediente de diligencias previas por parte de Recursos Humanos.
Ana Barceló informó de que el diputado del PP responsable del centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló, recibió la primera inyección el día 12 de enero porque estaba incluido en el listado de trabajadores y residentes que había facilitado la Diputación. Así lo denunció la titular del área, recordando que el centro Doctor Esquerdo depende de la institución provincial e insistiendo en que se archivará el expediente por parte de Recursos Humanos porque la Conselleria no ha incumplido el protocolo.
La consellera también nombró a los alcaldes de El Verger y Els Pobles, Ximo Coll y Carolina Vives, matrimonio y ambos del PSOE, que se vacunaron juntos el día 8; a la edil socialista de Dénia, Cristina Morera, y algunos de sus familiares; José Galiano, concejal del PP de Orihuela; el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta Merino; Luis Rubio, alcalde de Villahermosa del Río; Francisco López, alcalde de Rafelbunyol; y Angel Ribés, alcalde de Benlloch.
Los cargos vacunados recibirán la segunda dosis
Respecto al suministro o no de la segunda dosis de la vacuna a estas personas, la titular de Sanidad explicó que finalmente se les inmunizará y recordó que ordenó que no se les suministrara en tanto se toma una decisión definitiva. No obstante, el Comité de Bioética de la Comunidad ha trasladado a su departamento sus primeras conclusiones en las que indica que «la administración de esta segunda dosis a estas personas debería plantearse tan sólo después de haber concluido la vacunación de los grupos recogidos en la estrategia de vacunación. La recomendación es, en todo caso, vacunar a las 6 semanas de la primera dosis que, asegura el informe del Comité, es el plazo máximo marcado por la OMS para la segunda dosis de Pfizer».
Por otro lado, Barceló destacó que las vacunaciones irregulares suponen solo el 0,046% del total de las 149.000 dosis que ya se han puesto: «No empañan en ningún caso un proceso de vacunación que está transcurriendo con la más absoluta normalidad, pero es responsabilidad de la Administración dar transparencia a este proceso y establecer responsabilidades cuando terminen las diligencias abiertas, tanto por parte de Recursos Humanos como por parte de Salud Pública», dijo. Además, Sanidad está investigando la desaparición de un vial con seis dosis de vacunas del centro de salud 9 d’Octubre de la capital de la Plana donde se vacunó de forma irregular el ex fiscal jefe de Castellón José Luis Cuesta, ambulatorio en el que trabaja como coordinadora su mujer. Al respecto, la consellera Ana Barceló anunció que están a la espera del resultado de las diligencias previas. En paralelo, Sanidad pidió anoche la destitución de la directora de Salud Pública del departamento de València, Elvira Mensat.
