Los ayuntamientos de la provincia han iniciado una carrera contrarreloj para diseñar proyectos de modernización susceptibles de ser financiados por Bruselas. El tiempo apremia. En un plazo aproximado de tres meses deberán presentar sus propuestas en materia de digitalización, transición energética o movilidad sostenible. El objetivo pasa por captar fondos del plan de recuperación de la UE, que persigue estimular la economía tras el bloqueo de la pandemia y sentar las bases de nuevos modelos productivos. Las entidades locales de Alicante contarán con un presupuesto aproximado de 530 millones de euros y el reto se centra ahora en conseguir tramitar de forma efectiva las iniciativas, lo que está generando un choque de trenes entre administraciones que pugnan por liderar la gestión de los fondos.
La Generalitat ha programado una ronda de reuniones bilaterales con los ayuntamientos alicantinos para trazar la hoja de ruta necesaria que les acerque a la consecución de sus objetivos. Uno de los principales desafíos pasa por dar soporte a los municipios más pequeños, que carecen de infraestructura suficiente y personal cualificado para enfrentarse con garantías de éxito a la mastodóntica burocracia de la UE. Para ello, desde las direcciones generales de Acción de Gobierno y de Administración Local, se ha convocado un encuentro telemático con responsables de todos los municipios de menos de 5.000 habitantes, el próximo 20 de abril, al igual que se están planificando otras reuniones con consistorios de poblaciones superiores en número de habitantes. «Se trata de explicarles las líneas de subvenciones que habrá, ponernos a su disposición para ayudarles y ofrecer oferta formativa para funcionarios en materia de gestión de este tipo de fondos», explica el director general de Coordinación de la Acción del Gobierno, Juan Ángel Poyatos.
Las reuniones bilaterales entre la Administración valenciana y los ayuntamientos se han vienen desarrollando desde febrero. Primero con los municipios de más de 50.000 habitantes, como son Alcoy, Alicante, Benidorm, Elda, Elche, Orihuela, Sant Vicent del Raspeig y Torrevieja. A partir de esos encuentros, apuntan fuentes del Consell, las administraciones locales de Alcoy, Alicante y Benidorm han enviado proyectos a la Generalitat y se han coordinado comunicaciones con consellerias de diferentes áreas para perfilar las iniciativas. Por ejemplo, se está cerrando una reunión entre la Dirección General de Brecha Digital de la Generalitat y el Ayuntamiento que preside Luis Barcala sobre un proyecto vinculado con esta materia. Además, se han mantenido reuniones temáticas para preparar propuestas de movilidad sostenible, junto a la Conselleria de Política Territorial Obras Públicas y Movilidad, y de actuaciones integrales en barrios, con el área de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.
También desde la Dirección General de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento, dirigida por Jeannette Segarra se ha contratado a 13 agentes de Desarrollo Local que guiarán a los consistorios pequeños en la presentación de proyectos que, principalmente, buscan dinamizar el entorno rural y crear actividad económica para evitar, sobre todo, la pérdida progresiva de población.
En concreto, se calcula que la Comunidad recibirá 14.000 millones de euros de los 140.000 millones asignados a España por la UE. El 10% del total autonómico está previsto que sea gestionado por las entidades locales y, atendiendo a un posible reparto en función del peso poblacional, los ayuntamientos de la provincia, la Diputación y diferentes mancomunidades contarán con un presupuesto aproximado de 530 millones de euros. Se trata de un porcentaje menor del que, precisamente, reclaman ese tipo de instituciones y entidades, agrupadas en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Para marcar su posicionamiento al respecto, Rubén Alfaro, presidente de la entidad, remite al acuerdo alcanzado esta semana por la Federación Española de Municipios y Provincias, que exige que las entidades locales gestionen el 15% de los fondos. Es algo que obligaría a modificar el reparto inicialmente diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que determinó que el 50% se destinaría a las comunidades autónomas, el 10% a las entidades locales y el 40% al Estado.
Preparación
Alfaro explica que la FVMP también está prestando servicio de ayuda en la gestión de estos fondos mediante el programa Pont a Europa, el primer servicio de orientación en proyectos europeos dirigido específicamente a las administraciones locales valencianas, cuyo objetivo es dotar a los ayuntamientos y mancomunidades de la preparación necesaria para acceder a los fondos financieros de la UE, en colaboración con la Generalitat. De esa forma, explica, se mantiene un equipo de técnicos que trabajan junto a mancomunidades y comarcas más despobladas para hacer diagnósticos y guiar en el enfoque de proyectos. «Nuestro papel no deja de ser un detalle. Al final tenemos que trabajar todos para facilitar esos recursos. Creo que las diputaciones van a tener un papel importante y, obviamente, la Generalitat», subraya Alfaro.
La Diputación de Alicante, presidida por Carlos Mazón, y por extensión el PPCV, que concentra en la institución alicantina su principal centro de poder institucional, abanderan igualmente esta reivindicación para que se dé una mayor autonomía a los municipios. Desde ese ámbito tratan de ejercer presión para que la Diputación sea tenida en cuenta como entidad vehicular, con tal de contribuir a que los fondos lleguen a los municipios más pequeños del territorio. En esa línea, el diputado de Proyectos Europeos, Adrián Ballester, asegura que llevan tres meses pidiendo un encuentro con la Generalitat para presentar iniciativas que podrían coordinar y ha sido ahora cuando se les ha emplazado a una reunión, y eso es algo que considera una «falta de lealtad institucional».
12.000 millones en programas y un reto contra la despoblación
La Generalitat ya ha presentado cerca de 200 proyectos por un valor que asciende a 12.000 millones de euros que aspiran a recibir financiación europea. Incluye iniciativas para Las iniciativas no solo se dirigen a financiar grandes inversiones para el desarrollo de hidrógeno renovable; recarga y movilidad eléctrica; despliegue de energías renovables; restauración de ecosistemas; transformación digital en el transporte; o digitalización del sistema de salud, entre otras. De igual modo, se proponen pequeñas actuaciones en municipios que buscan reimpulsar economías locales buscando nuevos nichos de negocio. Por ejemplo, a través de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento, se están fomentando iniciativas para evitar la pérdida de habitantes en municipios en riesgo de despoblación, fomentando, por ejemplo, que no desaparezcan los cajeros bancarios o permitiendo desarrollar acciones formativas en localidades que no cuentan con instalaciones para ello utilizando aulas portátiles. También, financiando la adquisición de vivienda para jóvenes en municipios de pequeño tamaño.
