Cuenta atrás para aprobar los próximos presupuestos de la Generalitat en tiempo y forma. La comisión política del Consell que negocia esas cuentas desde hace semanas ha entrado en fase crítica ya que este viernes se cumple el plazo que marca la ley de Hacienda para que el pleno del Ejecutivo remita el documento económico a las Cortes.
El pacto, según diversas fuentes, podría ser inminente, pero la semana comenzó ayer con muchos flecos todavía pendientes sobre el reparto de los fondos y ninguno de los socios del Botànic representados en esta comisión se aventuraba a lo largo del día a dar por hecha la fumata blanca.
Eso sí, todas las fuentes consultadas coinciden en ser optimistas, ya que el clima en el que se ha estado trabajando es favorable. Con todo, la cuestión que preocupa ahora, sobre todo en el ámbito de la Conselleria de Hacienda, es que una vez cerrado el pacto dé tiempo a que el documento esté listo para su aprobación este viernes. Y es que una cosa es el acuerdo político y otra su plasmación técnica. La elaboración de unas cuentas públicas conlleva un trabajo arduo y laborioso de grabación de las distintas partidas que no se solventa de un día para otro.
De hecho, es todo un clásico que la noche previa a la aprobación, el personal funcionario de la Conselleria de Hacienda lo pase en vela. Tradicionalmente, y, sobre todo, en la etapa botánica, las negociaciones se han alargado hasta el último momento, de forma que esa víspera se ha trabajado contra reloj para incluir los últimos ajustes. Hace justo un año, la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra apuró tanto la entrega de su propuesta que el pleno del Consell aprobó un documento que no incluyó la realidad de lo pactado y que hubo que modificar vía enmienda.
Evitar el pacto «in extremis»
Para evitar crisis como la ocurrida hace un año y, sobre todo, con el objetivo de ganar protagonismo en el reparto de los recursos entre consellerias, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, forzó esta comisión en la que, por primera vez, las cuentas no se negocian de forma bilateral con Hacienda, sino que es un acuerdo de los tres socios: PSPV, Compromís y Unides Podem.
Esta vía debe evitar, en principio, una negociación in extremis la noche del jueves, pero el cambio de mecánica supone que, a estas alturas de la semana, falta mucho trabajo técnico por realizar que otros años ya estaba hecho. De ahí que el margen para que la comisión dé el visto bueno al presupuesto se reduzca.
De hecho, la comisión política ha intensificado sus trabajos y ayer estuvo reunida prácticamente todo el día. Hubo contactos al mediodía y también a lo largo de toda la tarde con el fin de llegar a un acuerdo que está tardando más de lo previsto inicialmente.
Según las fuentes consultadas, la dificultad del acuerdo ha estado en el ajuste en cada una de las consellerias. Cabe recordar que cada departamento remitió en su día una primera propuesta de gasto a Hacienda, pero en la mayoría de los casos las aspiraciones de las consellerias no son viables en unas cuentas que en realidad tendrán menos ingresos ordinarios que otros años y que crecerán al calor de los fondos europeos. El actual formato de negociación supone que hay más interlocutores con voz y nadie quiere renunciar a sus proyectos. La comisión no ha entrado a negociar la letra pequeña de cada partida , sino que lo que busca es un acuerdo conjunto sobre cómo se reparten los fondos cada departamento.
Una agenda de reuniones intensa con participación de las consellerias
La comisión política, compuesta por siete miembros (dos por cada partido más la directora general de Presupuestos, Eva Martínez ) comenzó sus reuniones hace un mes. Desde entonces se ha reunido casi una decena de veces, pero los contactos no se han circunscrito a la propia comisión.
Miembros de la comisión han mantenido también encuentros con las subsecretarías y otros altos cargos de las consellerias para conocer de primera mano la planificación presupuestaria. Cabe apuntar que en gran medida la comisión tiene que lograr convencer a los distintos departamentos para que recorten sus previsiones de gasto y, para ello, es clave tener elementos de juicio suficiente para argumentar los eventuales ajustes.
Bravo traslada a los sindicatos la subida del 2% a la plantilla de la Generalitat
Mientras tanto, y en espera del acuerdo, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas solventó otro de los trámites obligatorios de los presupuestos: la negociación con los sindicatos del capítulo I, relativo al personal.
En concreto, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, trasladó a la Mesa General de Negociación que el anteproyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022 contempla un aumento salarial del 2% para el personal empleado público.
Este incremento viene marcado por los Presupuestos Generales del Estado, por lo que la Generalitat está obligada a aplicarlo a su plantilla. En total, se trata de unas 193.000 personas y supondrá una cuantía aproximada de 197 millones.
