La muerte de una decena de burros en el Desert de les Palmes de Castellón, que formaban parte de un grupo de medio centenar de animales introducido en este espacio para prevenir incendios, ha puesto el foco la gestión de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, la ilicitana Mireia Mollà. La máxima responsable de este área de la de Generalitat salió este martes públicamente a ofrecer explicaciones sobre el lamentable desenlace, pero descartó asumir cualquier responsabilidad directa. Por lo pronto, trató de zanjar la crisis en su departamento anunciado la dimisión del hasta ahora director general de Medio Natural, Benjamín Pérez. Informó igualmente de que comparecerá a petición propia en las Cortes, si bien no convenció en absoluto a ninguno de los grupos de la oposición, que salieron en tromba a cuestionar su actuación en este asunto y reclamaron que deje el cargo o que sea Ximo Puig quien la cese.
Mollà convocó ayer a los medios de comunicación para dar cuenta de las acciones que ha llevado a cabo su departamento para esclarecer los hechos con la apertura de un expediente informativo, cuyas conclusiones llevarán también a interponer denuncia ante la Guardia Civil. La consellera salió a ofrecer su versión de lo acontecido tras días de escalada de tensión, cuando ya se conocía el luctuoso desenlace. En su intervención, Mollà explicó que, a falta de conocer las causas que han provocado la muerte de los animales y los resultados de las analíticas practicadas, el expediente informativo concluye que el cuidado de los burros no se ha llevado con la «diligencia que corresponde» y no ha habido una «tutela adecuada», por lo que debe haber «responsabilidades» administrativas y políticas. Está por ver si se adopta alguna decisión con respecto al director del parque natural o con el ganadero propietario de la finca, si bien se esperará a tener más datos, dado que las primeras conclusiones de la investigación desvelan «indicios» de que la «acción humana» ha podido intervenir en la muerte de los animales. Por ejemplo, se cortó varias veces la valla que los cercaba y también se tuvo constancia de una denuncia de «amenaza de muerte» a burros de una finca situada a un kilómetro de la de este grupo. Tampoco se descartan envenenamientos.
Tanto PP como Ciudadanos y Vox consideraron que la dimisión de Pérez es insuficiente y pusieron a Mollà en el punto de mira. La portavoz de Medio Ambiente de los populares en las Cortes, la alicantina Elisa Díaz, acusó a la consellera de no asumir responsabilidades por la muerte de los burros y de «forzar el cese de sus subordinados acusándoles de ser los responsables de esa gran negligencia que ha costado la vida de, al menos, diez burros». Una actitud, a su juicio, intolerable ante la que la consellera debería ser «la siguiente en irse». «La preocupación principal de la consellera es agarrarse a su cargo, echando la culpa a quienes llama subordinados, sin asumir ni una sola responsabilidad sobre el supuesto maltrato animal y la muerte de estos animales que, además, son especie protegida», señaló Díaz.
Desde Cs, el diputado Eduardo del Pozo tachó de negligencia «gravísima» la actuación del Consell y se preguntó por qué no se intervino de urgencia ante las primeras muertes de los animales», además de advertir de que Mollà debería ser destituida «de inmediato» en lugar de haber «utilizado como un chivo expiatorio» al director general. Exigió saber, además, si la conselleria había nombrado a un veterinario a cargo y si hacía un seguimiento de las condiciones de vida de los animales. José Luis Aguirre, de Vox, cuestionó que «la consellera solo salió a dar explicaciones tras el eco mediático a nivel autonómico y nacional».
El frente abierto en la conselleria que dirige Mollà se produce escasos días después de que la totalidad del sector apícola de la Comunidad, con organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y empresas, emitieran un comunicado conjunto para denunciarla desidia y falta de soluciones a los problemas del sector por parte, precisamente, del departamento que dirige la ilicitana. Tampoco la gestión de los recursos hídricos en la provincia le ha granjeado demasiadas amistades entre los regantes. Si bien es cierto que la consellera se ha posicionado siempre a favor de la continuidad del trasvase Tajo-Segura, participando, además, en diversas acciones reivindicativas, buena parte de los agricultores consideran que el Consell no está haciendo lo suficiente para plantar cara a otras comunidades y, en definitiva, al Gobierno central, para defender con más ahínco las necesidades hídricas de la provincia.
