En la antesala del 25-N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las Cortes Valencianas fueron el escenario de un agrio enfrentamiento con el derecho al aborto como trasfondo. No tanto en relación con la legislación que faculta a la interrupción voluntaria del embarazo, a la que solo se opone la ultraderecha, sino, en concreto, al abordar si se debería garantizar que estos procedimientos se realicen en los hospitales públicos. La coalición de izquierdas que sustenta al Botànic cree que sí y, de hecho, defendió este miércoles una iniciativa para que el Estado regule el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios, con tal de asegurar que en cualquier departamento de salud se puedan realizar estas prácticas. En definitiva, se pide que se actúe cuando todo el personal se declare objetor, una circunstancia que acaba siempre derivando estas intervenciones a clínicas concertadas. El posicionamiento en contra de la bancada de la derecha era más que previsible y, de facto, así se escenificó. Lo que no se esperaba era que la división del PSPV, por un lado, y de Compromís y Unides Podem, por otro, en torno a la tipificación de la violencia obstétrica como violencia machista acabara dominando parte del debate parlamentario.
Lo que hasta hace unos días suponía un acuerdo conjunto de las tres fuerzas botánicas se ha convertido ahora en un nuevo vector de discrepancia y, con ello, en munición para las fuerzas de la oposición. El PSPV ha decidido dar marcha atrás en su apoyo a una enmienda del tripartito a la Ley de Acompañamiento que, en resumidas cuentas, pretendía incluir en la ley valenciana de violencia sobre las mujeres la violencia obstétrica como una manifestación más de la violencia de género, entendida ésta como trato vejatorio durante el embarazo o el parto, incluyendo procedimientos médicos coercitivos o no consentidos. La propuesta generó tal revuelo en el ámbito médico que el síndic socialista, Manolo Mata, acabó reconociendo antes del inicio del pleno que, quizá, no deberían de haberla firmado. Mata se mostró dispuesto a buscar una fórmula alternativa para encajar este asunto en el ordenamiento autonómico para no herir sensibilidades, puesto que, según defendió, no es exclusiva de los hombres hacia las mujeres porque es un colectivo profesional muy feminizado. Es decir, que se abrió a legislar sobre ello pero no como violencia machista. Con ello, sus socios instaron al PSPV a que se aclare y haga una propuesta concreta. Mientras tanto, desde el PP, Ciudadanos y Vox cuestionaron que se quiera «demonizar» a los sanitarios que atienden partos y les acusaron de «criminalizar» a todo el sector.
Como era de esperar, este asunto no tardó en salir a colación en la sesión plenaria, aunque no fuera ese el objeto de debate. Fue Mónica Álvaro (Compromís) quien defendió que se debe garantizar el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios sin menoscabar el derecho al aborto. Aseguró que, aunque en la Comunidad solo el 15% del personal médico se declara objetor, hay departamentos de salud en los que suponen la mayoría de la plantilla, y cuestionó que se derive a mujeres a centros privados que pueden no estar preparados para actuar en caso de complicaciones graves. La incitativa contemplaba instar a la alta inspección del Estado a actuar cuando todo un departamento de salud se acogiera al derecho de objeción de conciencia e instaba, además al reconocimiento de la violencia obstétrica como un tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres, una reclamación con la que sí está de acuerdo el PSOE puesto que no se circunscribía a la cuestión del machista. Aún así, y vista la división del Botànic en este asunto, la oposición no dudó en atacar en ese sentido. Elena Bastidas, del PP, defendió que la violencia machista es lo suficientemente grave como para meter en ese saco lo que pueden ser casos aislados de mala praxis, mientras María Quiles (Cs) subrayó que sería un error porque se considera violencia de género cuando hay o ha habido una vinculación sentimental que no se daría en los centros sanitarios, mientras Ana Vega, de Vox, consideró que vincular ambas cuestiones es una barbaridad y se mostró contraria al aborto en cualquier caso.
Mientras la oposición en bloque se opuso a regular la objeción de conciencia, el tripartito cerró filas para dar su apoyo a esa posibilidad. En lo que continúan divididos es en la cuestión de la violencia obstétrica. Todo apunta a que los tres grupos tratarán de negociar para modificar esa enmienda. El plazo finaliza el 2 de diciembre, cuando se debatirá en comisión, pero desde Unides Podem y Compromís consideran que es el PSPV el que ha cambiado de postura y, por tanto, a quien corresponde hacer una propuesta.
El PSPV rechaza la iniciativa de Podem sobre la Constitución
Las Cortes instarán al Gobierno a estudiar las consecuencias del dumping fiscal entre comunidades, con el foco puesto en Madrid. También, que evalúe cómo afectaría al PIB la descentralización de instituciones, según la propuesta del PSPV. Unides Podem propuso añadir que se exija reformar el Senado y los socialistas aceptaron incluirlo. En cambio, rechazaron la propuesta de los morados para reformar la Constitución con tal de blindar el sistema de la financiación, al estimar que, si se fija un modelo, puede resultar ineficaz en unos años.
Països Catalans: una «fantasía» con mucha polémica
PP y Cs defendieron ayer una propuesta para instar al Senado a no aceptar iniciativas parlamentarias que incluyan los términos País Valencià o Països Catalans. Catalá defendió que es una «fantasía de acomplejados» y un ataque frontal a la identidad del pueblo valenciano. La socialista Ana Besalduc dijo que no se sienten aludidos sobre unos países que no existen. Nathalie Torres, de Compromís, consideró que ni Gabriel Rufián habla tanto de Països Catalans. «El verdadero procés es el madrileño, con una presidenta que se salta a la torera las reglas», dijo sobre Ayuso.
Del estado radial a la legalización de las comarcas
Las intervenciones parlamentarias en la sesión de este miércoles reflejaron las diferentes concepciones de los grupos políticos en torno a la organización territorial. Mientras la izquierda abogó por avanzar hacia una federalización del Estado, Compromís fue más allá y defendió que hay que superar la estructura decimonónica de las provincias para avanzar, e incluso legalizar la estructura de las comarcas. En el otro extremo, Vox cargó contra los «17 miniestados» que conforman España y celebró la concepción radial del Estado, con epicentro en Madrid.
