Unidad es la palabra que más se repitió este miércoles por parte de los partidos políticos, la patronal y los sindicatos, que han hecho un frente común contra la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, la autonomía que peor parada sale de la transferencia de fondos estatales. De hecho, PP y Cs se han aliado con el Botànic para reclamar la urgente reforma del modelo de financiación, que coincidieron en señalar que no puede esperar más tiempo. Hasta el punto de que todos los partidos, excepto Vox, que no se ha sumado a la Plataforma por una Financiación Justa, asumen y avalan las alegaciones que el comité de expertos designados por la comisión mixta entre la Generalitat y las Cortes, y con representantes propuestos por casi todas las formaciones, plantean al borrador que puso sobre la mesa el Ministerio de Hacienda en diciembre para cambiar los criterios de reparto. El informe se muestra muy crítico con los criterios que propone el área que dirige la ministra María Jesús Montero. Los expertos concluyen que el esqueleto de Hacienda es «insuficiente» para solucionar la infrafinanciación y lo consideran técnicamente «poco satisfactorio» para los intereses de la Comunidad Valenciana.
Así, apuestan por que el nuevo modelo se base en el criterio de población ajustada «sin disfunciones» y aborde tanto la deuda histórica acumulada en los últimos años como la cogobernanza fiscal entre administraciones. Además, se muestran en contra de los fondos discrecionales que impiden de facto un reparto justo, y exigen la eliminación de las variables no poblacionales. El informe se muestra partidario de eliminar el criterio de despoblación de las variables al considerar que, de lo contrario, habría una duplicidad.
Además, el documento con las enmiendas, que el Consell anuncia que remitirá esta misma semana al Ministerio de Hacienda, reclama que el nuevo sistema de financiación garantice la financiación de la sanidad, la educación o los servicios sociales, por ejemplo, y que también se adapte según la evolución de la población para que el nuevo sistema no pueda quedarse pronto obsoleto. Los expertos también consideran necesario un reparto que atienda mejor las responsabilidades asignadas a cada nivel competencial y que amplíe la participación de las comunidades en las distintas figuras impositivas. Además, solicitan que el nuevo modelo incluya una solución para la deuda autonómica derivada de tantos años de infrafinanciación.
El informe fue puesto en conocimiento de partidos, sindicatos y patronal que se reunieron en torno al foro de la Plataforma por una Financiación Justa en el Palau de la Generalitat, en presencia del jefe del Consell, Ximo Puig, y de la vicepresidenta Mónica Oltra, tras el minuto de silencio por el asesinato de una mujer en Torrevieja por parte de su pareja el pasado mes de octubre y que el Ministerio de Igualdad ha confirmado como violencia machista. Puig anunció, nada más tener en sus manos las alegaciones, que el Consell las hace «suyas» porque se basan en el «rigor» y reclamó «cohesión» y «unidad» a todas las fuerzas políticas para lograr «el gran acuerdo de una España justa».
Ximo Puig pretende que la unidad conseguida en la Comunidad Valenciana en torno a la histórica reivindicación del cambio de modelo de financiación se traslade también a todos los grupos del Congreso de los Diputados, donde, en definitiva, se tiene que votar la futura ley. Según indicó, después de ocho años con un sistema de financiación «injusto y caducado», la pretensión de la Comunidad Valenciana es lograr una financiación justa para todos los territorios, «sin ganadores ni derrotados, sin españoles de primera y de segunda», zanjó.
Reacciones
El líder del PPCV, Carlos Mazón, mostró el «apoyo expreso» de su partido al informe de expertos, y puso el acento en que el esqueleto que presentó la ministra dejaba a la Comunidad «en una mala posición». Mazón asistió a la reunión y cerró filas con las alegaciones, después de que su partido se incorporara a la plataforma en julio, rompiendo de esta forma con la posición que había mantenido su antecesora, Isabel Bonig. Cuestionado sobre la postura del líder del PP, Pablo Casado, quien defendió en un mitin en Castilla y León un modelo que cubra las necesidades de las comunidades autónomas despobladas, lo contrario a lo que mantiene la Comunidad Valenciana, Mazón remarcó que está «absolutamente de acuerdo» con ese problema, pero hizo hincapié en que nadie en su formación duda de que la situación de la Comunidad Valenciana «es excepciona», y añadió que «las posiciones no se contradicen».
Por parte de Cs, su síndica, Ruth Merino, avisó que «ya no valen más excusas ni retrasos ni patadas adelante» y exigió valentía al Gobierno. De Compromís, su portavoz adjunta Aitana Mas, resaltó que la propuesta de Hacienda es «muy amplia» y pretende contentar a todas las comunidades «cuando no es posible». Desde la tercera pata del Botànic, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, pidió «olvidar» el partidismo y echó en falta alusiones a una reforma fiscal progresiva.
Mientras tanto, desde la parte de la sociedad civil, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, destacó que las alegaciones proponen «un sistema más justo» y exigió «unanimidad» y no «enturbiar» el proceso. Por su parte, la secretaria de CC OO-PV, Ana García, pidió «altura de miras» tanto al Gobierno como al resto de autonomías y defendió el inicio de una reforma fiscal a medio o largo plazo. Finalmente, desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), su presidente, Salvador Navarro resaltó la unidad de los partidos y la sociedad civil e insistió en que la reforma debe incluir tanto el fondo de nivelación como la compensación de la deuda valenciana vinculada a la infrafinanciación, que, recordó, ya está cerca del 50%.
Exigen un fondo transitorio que se apruebe este mismo año
Tanto los expertos, como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reclaman al Gobierno que active, de forma urgente, un fondo de nivelación transitoria que sea efectivo este mismo año. Todo mientras se debate el nuevo modelo de financiación. Además, el informe elaborado por el comité de expertos en respuesta al borrador que propone el Ministerio de Hacienda propone cambios técnicos para recalcular las variables con la finalidad de hacerlas más reales para lograr un sistema más simple, transparente y equitativo. Por ello, plantea que, en sanidad, se utilice la población de derecho por tramos de edad, en lugar de la población protegida. Además, solicita que, en materia educativa, se incluya la totalidad de la población de 0 a 17 años y que, en enseñanza superior, se ponderen las tasas netas de escolarización. En paralelo, en servicios sociales, solicita que se incorpore la población dependiente de menos de 65 años y se ajuste el peso de esta variable al que realmente tiene en el gasto social.
