"Jorge Ignacio P. J. nunca mató, ni tuvo intención de matar a Arliene Ramos, a Lady Marcela Vargas y a Marta Calvo, ni a ninguna otra persona". [Está acusado de tres delitos de asesinato; no hay conocimiento de su implicación en más muertes; al menos, de momento]. Esa parece ser la estrategia de la defensa del presunto asesino en serie según se desprende de su escrito de conclusiones provisionales, entregado el martes en el Juzgado de Instrucción número 20 de València, que instruye la causa contra Jorge Ignacio P. J. por la comisión de esas tres muertes violentas y los asesinatos en tentativa de otras ocho mujeres.

Las conclusiones provisionales de la letrada pamplonesa que defiende al presunto asesino en serie, que ocupan apenas doce renglones (la mitad de ese espacio es para los nombres completos de las once víctimas) prosiguen con otra negación: "Así mismo, nunca abusó sexualmente, ni produjo lesiones, ni tuvo intención de producirlas a" las ocho supervivientes, "ni a ninguna otra persona", vuelve a remachar.

Y concluye exponiendo que "Jorge Ignacio P. J. es consumidor de sustancias estupefacientes y tóxicos". De momento, todos los informes médicos y forenses solicitados en la causa coinciden en que no queda acreditado que el acusado hubiese consumido drogas. 

Las acusaciones piden prisión permanente revisable y la fiscal, de momento, 130 años de cárcel y 340.000 euros

Así, no había ni rastro de drogas en los análisis de las muestras de cabello que se le tomaron a Jorge Ignacio P. J. el 21 de mayo de 2020, seis meses y medio después del último crimen que se le imputa, el de Marta Calvo, cometido el 7 de noviembre de 2019, y casi medio año después de su ingreso en prisión, lo que sucedió el 6 de diciembre de ese mismo año.

El forense le tomó varias muestras de pelo de 10 centímetros de longitud, lo que permitiría conocer la presencia de drogas a lo largo de los diez meses previos –por consenso científico, se estima que el cabello crece por término medio un centímetro al mes–. La conclusión de Toxicología fue que «en la muestra de cabello analizada no se detecta ninguna de las sustancias de interés toxicológico [cocaína y cannábicos] investigadas". 

'Fiesta blanca', pero para ellas

Por ello, no hay evidencias del consumo que él aseguro realizar –con Marta llegó a decirle al forense que esnifaron «entre 7 y 8 gramos–, a lo que se suma el testimonio de las ocho supervivientes, que también coinciden, sin conocerse entre sí, en que el ahora encarcelado no tomaba ni alcohol ni cocaína ni ningún otro tóxico en los encuentros sexuales que mantuvieron con él. 

Siempre pedía 'fiesta blanca' –consumir cocaína mientras se mantienen relaciones sexuales–, pero en realidad su único interés es que solo ellas lo hicieran y, a las que se negaban, les ofrecía bebidas tras cuya ingesta perdían la consciencia. A partir de ahí, o bien porque estaban aturdidas con la bebida o bien aprovechando cuando no podían verle, todas relatan que les introducía cocaína en roca en los genitales, dejando a varias de ellas al borde de la muerte.

Ese relato coincidente de las ocho mujeres que sobrevivieron a citas con el acusado es lo que ha llevado a la fiscal del caso y a las acusaciones particulares que ejercen las familias a estimar que ese hecho, la administración de grandes cantidades de cocaína, muy pura además, es, en este caso, el arma homicida.

Como ya ha venido informando Levante-EMVla fiscal solicita en sus conclusiones provisionales 130 años de prisión para el acusado e indemnización a las víctimas que suman 340.000 euros. En su caso, no acusa formalmente de asesinato, sino de homicidio, aunque es altamente probable que cambie esa imputación a asesinato durante el juicio con jurado que se prevé para los meses posteriores al verano de este 2022.

Los padres de Marta, que acuden con abogados distintosPilar Jové y Vicente Escribano, en el caso de la madre, Marisol Burón, y Candela Estévez, por el padre, y las familias de las otras dos víctimas mortales y de las víctimas supervivientes, representadas por el letrado Juan Carlos Navarro, sí hablan de asesinatos en serie y piden para el inculpado la prisión permanente revisable por las muertes violentas, así como elevadas indemnizaciones.

Uno de los principales apoyos de las acusaciones, incluida la pública, será el informe criminológico realizado por el doctor en Psiquiatría y experto en 'serial killer' Vicente Garrido y el criminólogo Juan de Dios Vargas, que concluye que Jorge Ignacio P. J. es "un depredador letal con compulsión por matar" y desgrana punto por punto que se trata de un asesino en serie con todos los parámetros, a partir de las investigaciones policiales, los testimonios de las víctimas y el resto de actuaciones judiciales. La defensa, en sus conclusiones provisionales no alude a ese informe ni siquiera para pedir su impugnación.