Las defensas cargan contra la Agencia Tributaria en el inicio del juicio por el caso Auto Salón

Con acusaciones por parte de las defensas a la Agencia Tributaria del calado de haber ocultado datos esenciales al juez y de haber manipulado de manera consciente la realidad, arrancó este lunes el macrojuicio por fraude fiscal del llamado caso Auto Salón. Tras más de seis suspensiones en ocho años, el proceso comenzó en una sala habilitada especialmente por la Audiencia de Alicante en el salón de actos de los juzgados de Pardo Gimeno para poder dar cabida a la veintena de letrados que representan a los acusados, los responsables civiles, así como las acusaciones que ejercen la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Esta vez la sala estaba determinada a que el juicio comenzara.

El principal acusado es el empresario Juan Andrés C. P., que regentaba un negocio de importación de coches de lujo de segunda mano y a quien se imputa el ser el presunto cerebro de un entramado societario que se habría deducido indebidamente cerca de ocho millones del IVA entre los años 2004 y 2007. Los otros acusados son su pareja y otros cuatro presuntos colaboradores de la trama que para las acusaciones tenía como finalidad ocultar que el dinero del impuesto no entró en las arcas públicas. Juan Andrés C. P. volvió a ser detenido años después en 2019 por su presunta participación en la llamada Operación Beautiful, la mayor red de blanqueo del narcotráfico en el Levante español. Por el caso Auto Salón, a Juan Andrés C. P. se le reclaman penas que suman 44 años de prisión, por delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental. 

Sexto intento en ocho años para juzgar el mayor fraude fiscal en la compra de coches de lujo

La sesión de este lunes, reservada para que las partes plantearan las cuestiones previas, ha servido para que las defensas carguen duramente contra la instrucción judicial y contra Hacienda, reclamando la nulidad de toda la investigación. Los abogados han pedido a la Audiencia que invalide tanto las escuchas telefónicas en las que se basó el caso, así como todas las prórrogas y los registros domiciliarios.

«La Agencia Tributaria ocultó datos esenciales, sin los que no habrían autorizado las escuchas por el juzgado», señaló el letrado Antonio Rubio, que defiende a la pareja del empresario y que fue el que abrió el turno de los informes, para añadir que «se ha usado un procedimiento administrativo para sustanciar un proceso penal». En esta línea incidió en que las escuchas fueron prospectivas y con una finalidad inquisitiva. El letrado señaló que Hacienda oculó que había expedientes de comprobación previa abiertos a los investigados y esa documentación fue posteriormente aportada a la causa penal. 

Argumentos en los que también incidió el abogado José Antonio Choclán, que defiende al principal procesado, y que acusó a la Agencia Tributaria de haber manipulado los datos para no presentar la denuncia en los juzgados de Madrid, que era donde se tenía que haber interpuesto. Los letrados también pusieron en cuestión la cadena de custodia de las cerca de 152 cajas con documentación que formaban parte de la causa y que había estado durante años sin ningún tipo de control judicial. La documentación llegó a la Audiencia en noviembre de 2017 y obligó a la suspensión de la vista para que las defensas pudieran estudiarla. En esta línea, los letrados plantearon dudas sobre el origen de la documentación aportada para investigar el caso.

Fallecimiento del perito

Llegados a este punto, el abogado del Estado trasladó a las defensas la petición de que tuvieran un poco de respeto a la hora de imputar conductas irregulares a personas ya fallecidas que no pueden defenderse. Una de las causas para suspender el juicio a lo largo de estos años fue el fallecimiento del perito de la Agencia Tributaria, lo que obligó a designar a otro funcionario para defender ante el Tribunal las conclusiones de la investigación.

Durante su turno de intervención, la Fiscalía también defendió la labor de la instrucción, rechazando que el actual caso fuera consecuencia de una inspección fiscal. «Se trataron de unas diligencias de investigación penal abiertas por la propia Agencia Tributaria», se destacó desde el Ministerio Público. Las acusaciones incidieron en que se trató de «un fraude masivo» en la importación de los vehículos. En esta línea el Abogado del Estado subrayó que la gran cantidad de sociedad y personas implicadas obligaba a llevar a cabo las intervenciones telefónicas, para luego ir depurando la participación de cada uno. «Existían indicios más que sobrados para abrir la investigación», dijo.

El abogado Enrique Botella, que defiende a otro de los acusados, incidió en que fue imputado dos años después del inicio de la investigación, sin llegar a saber nunca de qué se le acusaba y alertó de que los hechos estaban prescritos para él, planteamientos que fueron rechazados por las acusaciones.

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Aunque había señalados dos días para que las defensas plantearan las cuestiones previas, en una mañana se han podido presentar todos los informes. La vista oral se reanudará el miércoles con la declaración de los acusados. Este martes, la ponente lo empleará en estudiar y responder algunas de las peticiones de los letrados, aunque el tribunal ya ha adelantado que algunas de ellas se responderán en el momento de dictar sentencia. Según el calendario previsto, el juicio podría quedar visto para sentencia el 30 de mayo y tiene 16 sesiones previstas repartidas durante todo el mes. 

El tribunal rechaza que los acusados declaren al final

La Audiencia de Alicante ha rechazado una petición de las defensas para que los acusados declaren al final del proceso. Los letrados señalaban que se va a preguntar a sus defendidos por hechos ocurridos hace más de veinte años y algunos de los que ahora van a declarar como testigos lo hicieron en su día como imputados, motivo por el que consideraron que deberían declarar cuando ya lo hubiera hecho todo el mundo para poder defenderse. La sala ha señalado que debido a causas organizativas no podrá establecerse el orden pedido.

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