La sociedad Madrid Deporte Audiovisual (MDA) creada en 2007 por Telemadrid y Caja Madrid para explotar los derechos audiovisuales de los equipos de fútbol de la primera división madrileña perdió fue un fracaso y perdió más de 57 millones de euros, según un informe reciente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press.

La constitución de la sociedad MDA tenía como objetivo la retransmisión en abierto de los partidos de estos clubes. Sin embargo, las reglas de funcionamiento del mercado, existentes antes de su constitución, no permitieron satisfacer esa necesidad con los primeros contratos firmados, ya que los partidos oficiales no se llegaron a emitir. Sólo a partir de 2010, se pudo emitir un partido en simultáneo con otra cadena, lo que obedeció a una nueva adquisición.

La creación de MDA se basó en un Plan de negocios elaborado por Caja Madrid, advirtiéndose posturas encontradas en la sesión del Consejo, a pesar de lo cual dicho Plan resultó aprobado. Simultáneamente a su constitución, MDA firmó cuatro contratos fundamentales con el Atlético de Madrid y el Getafe, ya que el Real Madrid no quiso estar.

Con cada uno de los clubes firmó un contrato por los partidos oficiales (270 millones de euros en conjunto para los dos clubes) y otro por los partidos amistosos y derechos de publicidad (36 millones).

En el momento de la firma de estos contratos, si bien no existía una norma jurídica vinculante, "ya eran conocidos por las partes los criterios de las autoridades de Defensa de la Competencia y no fueron tenidos en cuenta", ha destacado la Cámara de Cuentas.

Al no alcanzar ningún acuerdo con otros operadores para poder explotar los derechos adquiridos, MDA podría haber resuelto los contratos firmados y buscado el reequilibrio contractual.

Pero, según apunta la entidad fiscalizadora, en lugar de ello vendió dichos derechos a otro operador (20 de enero de 2010), "sin ningún beneficio para MDA, pero asumiendo el riesgo de ambas operaciones".

En este mismo contrato, MDA adquirió a dicho operador derechos por la retransmisión de un partido de liga por temporada en concurrencia con otra cadena (vinculada al citado operador), para lo que se fijó un precio de 85 millones. Estos partidos fueron vendidos por MDA a Telemadrid por el mismo precio.

Tras un expediente sancionador, los contratos se declararon contrarios a la Ley de Defensa de la Competencia, al superar la duración de tres temporadas, resolviendo los contratos de forma anticipada. En el ejercicio 2012, una vez emitidos todos los partidos adquiridos, el operador interrumpió los pagos debidos a Madrid Deporte Audiovisual.

Tras diferentes procesos judiciales, dicha operación supuso la pérdida de 25,5 millones euros para MDA, "que no consiguió cobrar".

La sociedad perdió dinero también al no recuperar 8 millones de la totalidad de los anticipos a los clubes, a lo que habría que incluir los intereses devengados hasta el momento del cobro, así como las costas judiciales que fueron asumidas por MDA.

La compra de los partidos amistosos y derechos de publicidad supuso una pérdida para Madrid Deporte Audiovisual de 24 millones de euros, "al no comercializar la práctica totalidad de estos partidos amistosos, ni hacer uso de los derechos de publicidad".

Telemadrid registró aportaciones a MDA por un total de 17,6 millones de euros, que constituyeron una pérdida en su totalidad. A su vez, pagó a la sociedad 49,3 millones por derechos de retransmisiones deportivas había adquirido previamente.

Por todo ello, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid constata que la constitución de MDA perjudicó económicamente a Caja Madrid y a Telemadrid, pero benefició a los equipos de fútbol, "que obtuvieron financiación a través de la cesión de la explotación de sus derechos audiovisuales, así como al referido operador, que pudo emitir los partidos oficiales dejando buena parte de su importe impagada".

Situación económico-financiera de Telemadrid

El informe de la Cámara de Cuentas también analiza la situación económico-financiera de los ejercicios 2008 a 2015. Así, señalan que el deterioro constante de los resultados y de la situación patrimonial del ente y sus sociedades como consecuencia del descenso de la inversión publicitaria, la contracción del gasto a la que están sometidas las Administraciones públicas y la dificultad de acudir al endeudamiento externo por parte de las entidades públicas, llevó al grupo en el año 2012 a comenzar un proceso de adecuación de la estructura empresarial a la situación actual del mercado audiovisual.

Ese proceso partió de un informe de asesoramiento elaborado por una unión temporal de empresas consultoras, que fue asumido como Plan de Viabilidad del grupo, aprobándose por el Consejo de Administración del ente público el 28 de noviembre de 2012.

Este Plan de Viabilidad propuso un cambio organizativo del grupo, basado en la externalización de múltiples servicios y la consecuente reducción de la plantilla, que condujo a la aprobación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Todo ello se llevó a cabo con un elevado apoyo financiero de la Comunidad de Madrid, que se comprometió a endeudarse para atender los compromisos por amortizaciones de la deuda financiera del ente, así como a realizar aportaciones extraordinarias necesarias para financiar el ERE.

A partir de 2012, la situación económico-financiera "mejoró considerablemente", ha remarcado la Cámara de Cuentas. Al terminar el período fiscalizado, tanto el patrimonio neto como los resultados presentaron importes positivos, a la vez que el endeudamiento financiero se redujo "de forma significativa".

La mayor fuente de financiación del grupo Radio Televisión Madrid lo constituyen las aportaciones de la Comunidad. De hecho, en estos años recibió mil millones de euros del Gobierno regional distribuidos en 606 millones en contratos-programa, 90 para compensar pérdidas, 27,4 para pagar indemnizaciones y 283 para amortizar deuda.

La reducción de gastos de personal se articuló mediante un ERE, aprobado el 5 de enero de 2013, sin el acuerdo de los representantes de los trabajadores. Consistía en la extinción de 829 puestos de trabajo y la indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un tope de 12 mensualidades, alegando insuficiencia presupuestaria como causa para el despido colectivo.

Después de las demandas presentadas por los trabajadores, y el recurso interpuesto por la empresa, el Tribunal Supremo declaró no ajustada a derecho la decisión del despido colectivo, por la falta de proporcionalidad de la medida, lo que no supuso la readmisión de los trabajadores despedidos (salvo para colectivos especialmente protegidos), pero sí el aumento de las indemnizaciones.

El gasto total originado por el ERE fue de 69,5 millones de euros, soportado fundamentalmente en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013, pero que se dilató en varios ejercicios. Este gasto incluía fundamentalmente las indemnizaciones pagadas, así como los salarios de tramitación y gastos menos relevantes, como la omisión de la concesión del plazo de preaviso.

Este gasto sería algo inferior si se tiene en cuenta que quedan provisiones pendientes de aplicar en el ejercicio 2018, por importe de 1,3 millones de euros.

Tras el ERE, los gastos de personal del grupo se redujeron en un 66 por ciento, pasando de 62,5 millones en el ejercicio 2012 (último previo al ERE) a 21 millones en el ejercicio 2015, una vez descontados los gastos de dicho ejercicio destinados al ERE.