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Una plataforma vecinal anuncia protestas contra la urbanización de Cala Mosca

Los ecologistas no confían en que la Generalitat desclasifique el terreno para salvar el último kilómetro virgen de la costa oriolana - El Plan de Acción Territorial es la última oportunidad para evitar la construcción de 2.200 viviendas

Entorno de Cala Mosca donde está prevista la construcción de 2.200 viviendas | L. M.

La Vega Baja ha sufrido un proceso urbanizador diez veces superior al resto de España y tiene la mitad de suelo protegido que la media de la Comunidad Valenciana. Su trama urbana ha aumentado un 222% en 20 años, especialmente a base de viviendas secundarias y turísticas que conllevan una población dispersa.

En este contexto genera una gran polémica la urbanización del último kilómetro virgen que queda en la primera línea del litoral de Orihuela: Cala Mosca, donde se prevén construir 2.200 viviendas. «La única ventana al mar», describe Miguel Ángel Pavón, presidente de Amigos de Sierra Escalona, y vicepresidente de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante.

Este proyecto que se aprobó en los años 90 «es un ejemplo claro sobre el que debe actuar el Plan de Acción Territorial para la Vega Baja», afirma al mismo tiempo que sostiene que «es la última oportunidad para salvar este territorio; fuera de eso difícilmente se va a conseguir más».

Pero es pesimista. Será complicado porque «el Ayuntamiento nunca ha estado por la labor y la Generalitat lo supedita al beneficio económico». En otras palabras, «en el Consell prima el interés del promotor». A su juicio, «no parece que haya mucha voluntad por parte de la Generalitat, que quiere evitar indemnizaciones millonarias».

Actuaciones en las dunas de la playa de la Glea y Cala Bosque

Estaba previsto que este plan, que pretende reorientar el modelo y fijar límites al crecimiento para los 27 municipios de la comarca, saliera a exposición pública hace cuatro meses: «Cuanto más tarde, mejor para el promotor», puesto que en ese periodo se paralizan los planes urbanísticos. Incluso, cree que el retraso se está haciendo de forma premeditada, por las presiones y los obstáculos no solo por parte de las constructoras sino también de los ayuntamientos que tienen en la actividad de la construcción de vivienda turística su principal motor económico. Por eso, argumenta, «nace lastrado y maniatado». No servirá de nada «si no resuelve los asuntos heredados de sostenibilidad y protección del territorio», insiste el ecologista.

Las organizaciones a las que Pavón representa han participado en el proceso de consulta pública, que se inició hace un año. En todas las reuniones han solicitado de forma reiterada a la Conselleria que desclasifique este sector para que sea no urbanizable, proponiendo, además, alternativas como un traslado de edificabilidad a otros terrenos: «La vía más viable es que cambie de lugar, ya sea dentro del municipio o de la comarca», puesto que el plan es supramunicipal.

En este sentido, recuerda que el Consell ya desaprovechó la ocasión con el Pativel, de protección de zonas costeras, que optó por mantener este suelo como urbanizable a pesar de que se reconocía su valor ambiental. Lo único que se estableció fue que la constructora tendría hasta 2023 para iniciar las obras. Si, como todo apunta, finalmente el plan territorial no lo desclasifica, alegarán.

Movimiento ciudadano

Mientras, el rechazo social va en aumento. Se está organizando un movimiento vecinal en torno a la plataforma Salvemos Cala Mosca, que tiene previsto constituirse como asociación, así como convocar manifestaciones y una campaña de recogida de firmas para detener lo que consideran «una agresión sobre la franja litoral». Su objetivo, dicen, es «seguir disfrutando de uno de los pocos espacios que quedan sin edificar en las costas de Orihuela».

También manifiestan que este proyecto urbanizador está lleno de irregularidades, sin dictamen oficial de impacto ambiental y con un informe de Fomento en contra por su impacto en la carretera N-332. «Poco debe apreciar este Ayuntamiento a su entorno si promueve arrasar su riqueza natural», advierten a la vez que indican que «los vecinos de Orihuela Costa están cansados de pedir los servicios que merecen».

Se trata, continúan, de «una aberración de urbanismo salvaje» que arrebata un patrimonio ambiental y un espacio natural donde anidan cernícalos y se ven lagartos béticos, erizos terrestres, libélulas rojas, además de encontrarse el caracolillo Tudorella Mauretanica y la jarilla cabeza de gato), especies vulnerables que acabarían aisladas en las zonas verdes de la nueva urbanización.

Ministerio y Ayuntamiento inician la recuperación de varias dunas

El fuerte impacto turístico supone también el deterioro e incluso la desaparición de ecosistemas de gran valor ecológico, como las dunas, que albergan variedad de fauna y vegetación. Para favorecer su conservación y recuperación, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orihuela y el Ministerio para la Transición Ecológica han iniciado actuaciones en Cala Bosque, donde, con un coste de 47.000 euros, se realizará un vallado con estacas y cuerda -de bajo impacto visual- para disuadir de que se pise el cordón dunar, además de eliminar especies invasoras. Lo mismo se hará en la playa de La Glea. En este caso, los trabajos costarán 4.000 euros.

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