Ampas Vega Baja y la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística dan un paso más en su lucha contra la Ley de Plurilingüismo, que garantiza un mínimo de un 25% de horas lectivas en lengua valenciana en Infantil y Primaria desde 2018 y en primero de secundaria. Ambas organizaciones anunciaron ayer que han interpuesto cuatro anuncios de recurso contencioso administrativo en los juzgados de Alicante para instar a la Conselleria de Educación a dar traslado a los expedientes como trámite previo a formalizar cuatro demandas.
«Con estos casos, que representan a la inmensa mayoría, tenemos cubiertos todos aquellos legítimos intereses que queremos atacar del plurilingüismo, una ley que va en contra de los derechos fundamentales de la educación de nuestros hijos en la Comunidad Valenciana», afirmó el abogado Juan Chapapría, que explicó que «el compromiso de profesores y padres no era un órdago que se iba a quedar simplemente en vía administrativa, a pesar de que la Administración pensara que iba a ir minando su voluntad».
«Es el resultado de la falta de atención a los recursos de reposición que habíamos presentado», indicó Miguel Ángel Robles, de la Plataforma de Docentes, que definió de «gesta» el «tramitar más de mil recursos en un tiempo récord», de los cuales, añadió Chapapría, «solo unos 280 (un 25%) ha tenido una respuesta por parte de Conselleria, con una solución negativa, mientras que el resto obtuvo silencio administrativo sin que se hayan dignado a contestar». En este sentido, recordó que «detrás de cada recurso hay unos padres y unos alumnos, una cifra cercana a 4.000 valencianos de la comarca».
Dolor y fractura social
Robles lamentó que sean los tribunales los que se tengan que convertir en los que protejan la libertad educativa frente al «objetivo del Gobierno valenciano, con Ximo Puig a la cabeza: la inmersión lingüística, imitando el modelo catalán que tanto fracaso, dolor y fractura en la sociedad está produciendo». Es más, «a imagen y semejanza de lo que ocurre en el País Vasco y en Cataluña», según el docente, «las presiones a nuestros hijos, alumnos y profesorado en general no cesan de aumentar». Como ejemplo citó «las amenazas en clase para que nuestros hijos hablen valenciano en el recreo», así como «los problemas para solicitar la exención en valenciano». Incluso, apuntó, «en segundo de bachillerato se les dice que se les va a bajar la nota media si no hacen los exámenes de valenciano a pesar de estar exentos».
A su juicio, en la Vega Baja «se está imponiendo un modelo de educación que anula los derechos de los alumnos y que les hurta la lengua materna, instrumento principal de aprendizaje». Además, manifestó que «esa inmersión lingüística hace que los contenidos sean poco menos que una enumeración de lista de palabras». Por ello, Chapapría advirtió que les ampara «tanto la Constitución como el propio estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, que recoge las características de la Vega Baja, y es el que en sede judicial vamos a hacer valer hasta las últimas consecuencias», porque, «el valenciano no es nuestra lengua ni vehículo conductor para la docencia».
Frente a «este nacionalismo imperante», se han tenido que convertir en «héroes sociales», comentó Robles. «Ellos juegan con nuestra fatiga y con nuestra limitación de recursos. Cuesta mucho esfuerzo económico y personal», señaló el profesor, que agradeció a los que han ayudado a que el coste económico no recaiga sobre los padres que se han atrevido a ir contra el Gobierno valenciano. En un mes han recaudado en torno a 9.000 euros, «una respuesta más entusiasta de lo que creíamos, con aportaciones desde fuera de la Comunidad».
«Como madre he decidido dar ese paso adelante», subrayó Mayca Padilla, quien aseguró hacerlo «en nombre de las familias de la Vega Baja. Los padres nos sentimos reforzados porque somos muchos. Somos una comarca», al mismo tiempo que lamentó que se destinen fondos a esta cuestión cuando «tenemos las aulas masificadas». «Es una pena que las lenguas se hayan convertido en un arma por las luchas ideológicas que no hacen más que dividir», concluyó.
