La Generalitat Valenciana ha adjudicado definitivamente a la empresa Inmuebles y Negocios del Sol la concesión de la construcción y explotación por 40 años de una superficie comercial y de ocio en el puerto de Torrevieja. La inversión prevista en el proyecto, con las recientes modificaciones incorporadas por la administración autonómica, supera los 19 millones de euros.
Este proyecto de integración de la ciudad con el espejo de agua de la bahía -ocupado por tres marinas deportivas- se va a llevar a cabo en paralelo al impulso municipal para reurbanizar el resto del entorno en dominio público marítimo terrestre como el paseo de la Libertad -con una avenida que se suprimirá para ganar espacio peatonal-, las Eras de la Sal, la feria de atracciones, el mercadillo de artesanía -los populares hippies- y el paseo del dique de Levante, además de la demolición de la valla que actualmente separa el casco urbano del recinto portuario.
Está previsto que la concesión de la gran superficie y los proyectos municipales sean presentados conjuntamente este sábado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV-PSOE), el conseller Arcadi España y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) con una visita al puerto y un acto en el Teatro Auditorio Municipal, según han confirmado fuentes del Consell a INFORMACIÓN.
La iniciativa de la superficie comercial del conocido empresario de la Vega Baja Enrique Riquelme, contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo de una planta con capacidad aproximada para 500-600 vehículos, multicines, una bolera americana, además de franquicias y negocios locales de hostelería, a los que el empresario ha ofrecido entrar en la propuesta. En un principio no está autorizado el uso comercial que no sea náutico. Los edificios principales, con un altura equivalente a 12 metros, ocuparán 6.171 metros cuadrados distribuidos sobre un espacio mayor de unos 30.000 metros cuadrados entre el cantil de la bahía que ahora emplea por concesión la Cofradía de Pescadores, y el actual aparcamiento a cielo descubierto y la feria de atracciones.
Como mejora del proyecto, la Generalitat ha impuesto al concesionario sufragar el coste y construcción de la nueva lonja pesquera, por más de un millón y medio de euros, que se situará en el "relleno" entre la actual fábrica de hielo y el espigón en el que se ubican los museos flotantes de Torrevieja. También la adecuación de la que será principal avenida de acceso que atraviesa el puerto, y la rehabilitación integral con una inversión superior a los 300.000 euros para uso administrativo de la propia Generalitat y del Ayuntamiento del edificio de Aduanas -algo obligado por la legislación portuaria que reserva ese edificio como zona de servicio desde 2019-.
Desaparecen del paisaje portuario los tradicionales edificios de las lonjas pesqueras levantados en los años cincuenta, los locales para el almacén, pertrecho y reparación de artes de pesca, el edificio de la capitanía y el de la oficina de la Generalitat para el puerto. No está claro todavía el futuro del bar La Marina, si bien en este caso el criterio de protección patrimonial de la singular casa de planta baja que ocupa este establecimiento es posible que tenga más fortuna que el esgrimido para otros edificios que, como las lonjas, han formado parte de la historia torrevejense del siglo XX. De ellos los técnicos de la administración autonómica y la local consideran que no tienen "valor" para permanecer en pie. De hecho son uno de los principales obstáculos para levantar el espacio comercial en primerísima línea.
La iniciativa de concesión partió del propio empresario, natural de Cox y vecino de Torrevieja. No de la Generalitat, que es la administración competente para gestionar el puerto de Torrevieja. El proyecto salió a información pública el pasado mes de agosto, en pleno verano, con una consulta pública a la que sin embargo sólo era posible acceder presencialmente en las oficinas de la Conselleria de Obras Públicas de València. Tras ese periodo de exposición, en el que solo fueron presentadas alegaciones por parte de Miguel Ángel Pavón a título particular -el PSOE local las anunció en una nota de prensa pero no las tramitó-, la administración autonómica abrió la propuesta a otras empresas. Dos firmas más, además de la encabezada por Riquelme, presentaron sus propias ofertas, pero no los avales para garantizar la viabilidad de las obras y la explotación posterior. La Conselleria encargó entonces un proyecto propio sobre la adaptación del espacio a una concesión de estas características.
Al tiempo que se tramitaba la concesión, el Ayuntamiento impulsó una modificación del Plan General, la 109, que dé cabida a esta reordenación de la que, por ejemplo, desaparece la principal avenida paralela al paseo de la Libertad para ganar espacio peatonal, pero que también modifica aspectos del interior del puerto pese a ser materia en la que el municipio no tiene competencia aunque sí debe autorizar las licencias de obra y apertura. Es el caso de los volúmenes permitidos para los edificios,-que eleva de los 3,5 metros y planta baja previstos inicialmente a un techo de 12 metros en la zona en la que se va a levantar el espacio de ocio-. Esa misma modificación puntual descarta el valor patrimonial de elementos catalogados de interés en el PGOU como los restos del antiguo muelle pesquero, de los que el informe técnico de una arquitecta dice que el Ayuntamiento "no sabe dónde están". El Ayuntamiento está planificando en competencias que son de la Generalitat y también en suelo de dominio público marítimo por lo que requerirá de la autorización específica de el Ministerio de Transición Ecológica para actuar en las Eras de la Sal y el paseo de la Libertad.
La ocupación comercial del puerto, vendida como apertura de Torrevieja al mar y su bahía, es una vieja aspiración de los gobiernos del Partido Popular en Torrevieja. Ya fueron promovidas iniciativas de adjudicación en 1999, aunque aquello se quedó en una maqueta de Calatrava que le costó al municipio 600.000 euros. De nuevo se intentó en 2008, tramitada y declarada desierta por la crisis, y 2014, aunque sin el aval del Consell al no adecuarse a la ley de Puertos de la Comunidad. Durante el periodo de mandato del gobierno de coalición de izquierdas -2015-2019-, la Generalitat llevó a cabo la delimitación de usos y espacios portuarios (DEUP) a la que obliga la ley de Puertos de la Generalitat y en la que entre otras decisiones como preservar una zona a la actividad pesquera junto a la actual, dejó la vía libre a uso "compatible" en la zona donde se propone ahora el proyecto. Ese gobierno de izquierdas, en el que estaba el PSOE, aseguró entonces que el puerto sería objeto de una reurbanización -su actual aspecto de uso industrial para la flota artesanal de pesca no es del agrado del sector turístico-, pero no de explotación comercial.
