Los cimientos de la organización municipal de Orihuela se tambalean. Nuevo cruce de acusaciones entre el bipartito. La junta de gobierno local ha aprobado, con los votos a favor del PP y sin el apoyo de Ciudadanos, el proyecto de reglamento orgánico que establece los niveles esenciales de la administración del Ayuntamiento; esto es, la regulación de las diferentes áreas de la corporación.
El texto del proyecto indica que Orihuela no ha adecuado su organización administrativa según lo que establece el régimen de municipios de gran población, que se aprobó con una ley en 2010. Por eso, prosigue, “se considera conveniente este reglamento”.
Sin embargo, a juicio de Ciudadanos, este proyecto no se ajusta a la normativa, por lo que ha anunciado que presentará enmiendas, sobre todo para “no dar vía libre [al PP] para que una vez esté aprobado por el pleno, establezca por decretazo el organigrama municipal, sin contar con su socio de gobierno, que ostenta las competencias en materia de Personal”.
La formación naranja sostiene que desde que se inició el mandato, “la concejal de Recursos Humanos, Luisa Boné, ha elevado a junta de gobierno hasta en dos ocasiones sendas propuestas de reglamento de niveles esenciales que no se llegaron a incluir por orden del alcalde [Emilio Bascuñana], que ahora pretende llevarlo él dejando al margen a la edil”.
Además, añade que una vez aprobado debe comenzar la negociación con los agentes sociales para definir los puestos de trabajo que precisa el Ayuntamiento y sus retribuciones.
En este sentido, señala que Bascuñana ha manifestado su intención de encargar el expediente de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al secretario municipal, “ninguneando una vez más a esta concejala”. “¿Pueden los responsables de Secretaría -funcionarios municipales- llevar a cabo la negociación con los representantes sindicales -también funcionarios municipales-?”, se pregunta. “Es absolutamente ridículo y de dudosa legalidad que se pretenda que unos funcionarios negocien con otros sus retribuciones y cuáles van a ser las tareas de cada puesto de trabajo”, añade.
Al mismo tiempo que Ciudadanos exige “respeto a nuestras competencias” en lo que califica como “una nueva agresión al acuerdo de gobierno firmado hace dos años y medio”, el PP manifiesta que “las diferencias que existen con Ciudadanos estriban en que quieren evitar los controles del secretario, el oficial mayor y la asesoría jurídica, intentando que participen en los asuntos lo mínimo posible”.
